Ciudadanos propone al Congreso una fórmula para que Exteriores pueda cerrar embajadas catalanas que rompan la unidad
Ciudadanos quiere que el Congreso inste al Gobierno a establecer mecanismos que le permitan cerrar aquellas embajadas catalanas y de otras comunidades autónomas que se dediquen a incumplir «sistemáticamente» el principio de unidad de acción exterior del Estado, así como sancionar a los cargos públicos responsables.
Esto es lo que plantea Cs en una proposición no de ley, registrada este miércoles para su debate en el Pleno, para que la Cámara Baja reclame al Ejecutivo una reforma de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
Esta reforma debería servir, según la iniciativa recogida por Europa Press, para «reforzar el control» del Gobierno sobre la acción exterior de los gobiernos autonómicos con el fin de «dar cumplimiento a la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales», y para asegurar que se cumplen las sentencias del Tribunal Constitucional que permiten al Ejecutivo central establecer medidas para regular y coordinar esa acción exterior.
INFORMAR AL GOBIERNO DE SUS ACTIVIDADES
Asimismo, la formación naranja pretende que el Gobierno garantice que las representaciones autonómicas en el exterior informan al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación «de las actividades en las que participen como organizadoras y de las que tengan lugar en sus dependencias, para que éste pueda estimar si cumplen o no con el principio de la unidad de la acción exterior del Estado y permitir o no su celebración».
En el caso de que una de esas delegaciones «organice sistemáticamente actividades» que el Ministerio considere que «ponen en cuestión» la unidad de acción exterior, Cs plantea que se estipule un «procedimiento reglado» mediante el cual el Ministerio pueda cerrarla «en cumplimiento con la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales».
Por último, la proposición de ley aboga por establecer un «procedimiento sancionador» para «los representantes públicos a cargo de la organización» de aquellas actividades que el Ministerio haya considerado contrarias a la unidad de la acción exterior del Estado.
En su iniciativa, Ciudadanos subraya que el ejercicio de las competencias en esta materia por parte de las comunidades autónomas conllevan «la necesidad de coordinación y de lealtad institucional», y recuerda que, según la ley, cualquier acción exterior que lleven a cabo «deberá estar en línea tanto con el interés general de España como con las directrices que fije el Gobierno de España» en este ámbito.
BUSCAN APOYOS A LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA
El partido presidido por Albert Rivera ha señalado que algunas representaciones de la Generalitat de Cataluña se han extralimitado en sus competencias, como falló el Tribunal Constitucional en 2017 al pronunciarse sobre la ley catalana de Acción Exterior y de Relaciones con la UE.
El informe no vinculante que sirvió de base a Exteriores para oponerse a la apertura de seis nuevas delegaciones catalanas «enumera actividades realizadas por las que ya están en funcionamiento y constata que se apartan de su objetivo legal», apunta Cs en su proposición de ley.
En este sentido, considera que el Gobierno «ya tendría indicios» de que las representaciones que fueron reabiertas tras levantarse la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña (París, Roma, Berlín, Londres, Ginebra y Nueva York), más la de Bruselas, que nunca llegó a clausurarse, «están siendo utilizadas para recabar apoyos internacionales al proyecto independentista y dañar la imagen de España en vez de promocionar los intereses de Cataluña en el exterior».
Aunque el Gobierno recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la reapertura de las delegaciones cerradas con el 155, su argumento fue solo formal –la Generalitat no pidió el informe previo, como es preceptivo–, y «la única forma de cerrarlas» sería denunciar ante la Justicia «las actividades presuntamente ilegales que están llevando a cabo», según Ciudadanos.
