La CNMC resalta que la sentencia sobre Garoña «está alineada» con el planteamiento del organismo
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha resaltado que la sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo confirmando la multa de 18,4 millones a Nuclenor, propietario de la central nuclear de Santa María de Garoña, por el cese de forma unilateral de su explotación está «alineada con los planteamientos del súperregulador .
Marín Quemada, en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, ha señalado que Endesa e Iberdrola, propietarios al 50% de la central nuclear de Garoña, decidieron cerrarla «por decisión unilateral» y en contra de la normativa, que establece que hay que avisar a las autoridades con un tiempo y cumplir unos trámites, para no afectar a los precios ni a la seguridad del suministro.
«Los propietarios pensaron que no era imprescindible, la CNMC actuó por seguridad energética y, en el uso de nuestras obligaciones, procedimos a imponer una sanción. Los propietarios fueron a los tribunales y la sentencia se ha conocido esta mañana, alineada con los planteamientos con la CNMC», ha destacado Marín Quemada.
La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha confirmado así la multa que la CNMC impuso el 10 de julio de 2014 a Nuclenor por una infracción «muy grave» prevista en la Ley del Sector Eléctrico por el cese de la explotación de la central nuclear de Garoña acordado de forma unilateral en diciembre de 2012 sin comunicarlo con la antelación suficiente a la Administración.
Se consideró entonces que la empresa propietaria de la planta incurrió en la infracción consistente en «la reducción sin autorización de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica».
Nuclenor recurrió el acuerdo de Competencia a la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso en junio de 2016, y a continuación recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que lo ha rechazado, entre otros motivos, al no compartir que en el caso concurriese el presupuesto de «causas imprevistas» que habría permitido excluir la necesidad de comunicación de la decisión del cese en la explotación con una antelación de un año.
En ese sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada, destacó que no podía considerarse como una circunstancia de carácter técnico, susceptible de ser una causa imprevista, la derivada de la entrada en vigor de una reforma legislativa que afectaba de forma sensible a la fiscalidad de las centrales nucleares.
Marín Quemada ha destacado que el alto tribunal está sancionando en línea con la opinión de la CNMC el 82% de las cuestiones que le llegan. «Hay todavía una brecha del 18%, y eso nos ha obligado a hacer en los últimos años una serie de esfuerzos para reducirla. Aún no estamos satisfechos», ha manifestado el presidente del organismo.
A MENOS OPERADORES, MAYORES PRECIOS EN TELECOS
En lo referente al ámbito de las telecomunicaciones, que generan aproximadamente el 34% de las denuncias que recibe la CNMC, Marín Quemada ha constatado que a menor número de operadores, mayores precios aplican, de modo que cuando quedaron solo tres en el mercado español «eso nos puso muy nerviosos», ha reconocido.
Ahora, con la llegada de MásMóvil, el número vuelve a elevarse a cuatro, lo que ha motivado un comportamiento «muy distinto» por parte de las compañías. «Cuanto más operadores, mejor, sin duda alguna», ha subrayado.
Respecto al recibo de la luz, Marín Quemada ha insistido en que sigue siendo de «dificilísima comprensión» por parte de los clientes, y ha recordado que se compone de tres elementos: el precio de la generación eléctrica, lo que se paga por otros conceptos (peajes) y los impuestos. «En los peajes hay una mezcla tremenda de compensaciones a cierre de instalaciones, subvenciones a renovables, etc. Ese totum es lo que convendría aclarar, porque es de dificilísima compresión por los clientes», ha enfatizado.
Tras constatar que «no siempre», pero sí a veces se cumple el llamado efecto cohete y pluma en los precios de los carburantes, que trasladan las subidas del crudo con mucha rapidez, pero no así las bajadas «cuando se acerca un periodo vacacional o punta de consumo», ha considerado razonable el plazo de 20 años dado por el Gobierno para el fin de las matriculaciones de vehículos diésel, gasolina, híbridos o a gas, que no podrán circular por las carreteras españolas a partir de 2050. «Si así lo ha establecido el Gobierno, sus razones tendrá», ha manifestado.
Por último, y tras recibir las alabanzas de la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la labor de la CNMC, lo que aleja el fantasma de una reordenación de los organismos supervisores promovido por el anterior Gobierno, Marín Quemada, que se considera «totalmente independiente», ha señalado que cuando a los políticos se les explica que los sectores están interrelacionados, que las cuestiones son transversales, lo entienden. «La CNMC tiene que aproximarse a esos mercados con una visión de conjunto y con la transversalidad de la competencia», ha enfatizado.
