(AMP) Acuerdo del Congreso para repartir los gastos de la hipoteca, dejando al cliente el pago de la tasación

Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado el reparto de los gastos de la hipoteca que figurará en la futura ley hipotecaria, dejando al consumidor el pago de la tasación y adjudicando a la entidad financiera el resto.

Así, según han informado a Europa Press fuentes de la ponencia que discute el proyecto de ley de crédito inmobiliario, la entidad financiera deberá asumir los gastos de gestoría, los de la inscripción de las garantías en el registro de la propiedad y el coste de los aranceles notariales de la escritura.

Será el banco el que tenga que pagar los costes de la primera copia del contrato, aunque en caso de que el cliente solicite una copia, deberá asumir su coste.

En este reparto también se ha dispuesto que la entidad financiera asuma el impuesto de actos jurídicos documentados, en línea con el decreto ley aprobado por el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros y en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo.

Esta distribución de los gastos de la hipoteca se incluye en el artículo dedicado a las normas de transparencia en la comercialización de las hipotecas, en cuyo borrador se amplía tres días (de siete a diez) el plazo mínimo que se le da el cliente para poder estudiar la documentación facilitada por la entidad financiera, antes de proceder a la firma del contrato.

Asimismo, según este texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se establece que las entidades financieras ofrezcan en sus páginas web y en sus oficinas los formularios de condiciones sobre sus hipotecas, la garantía de que el procedimiento notarial no supone coste alguno, ni directo ni indirecto, para el cliente, y que este podrá elegir a qué profesional recurrir para este trámite.

LOS GASTOS O COMISIONES DE APERTURA NO SE ESPECIFICAN

Tras la reunión de la ponencia, el portavoz económico del PSOE, Gonzalo Palacín, ha celebrado que, de esta forma, quede «explícito» el reparto de gastos que debe asumir cada parte en una hipoteca, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y frenar la litigiosidad al respecto.

Asimismo, ha justificado la decisión en atribuir al consumidor los gastos de tasación en que «si la tasación la solicita un consumidor y es libre para elegir al tasador que considera más oportuno, lo tendrá mucho más fácil para ir con su tasación a las entidades pertinentes a solicitar una oferta para un préstamo», ha dicho.

En declaraciones a Europa Press, Palacín ha explicado que el reparto se limita a los gastos reconocidos por ley, ya que en el texto no se hace mención alguna a los gastos o comisión por apertura, los cuales el PSOE había abogado por eliminar en la propia ley.

Así, ha señalado que esta comisión «está aprobada por el Banco de España» y que sería la futura autoridad de protección al consumidor la que tendría que pronunciarse al respecto. En todo caso, ha asegurado que su formación presentará una propuesta sobre esta cuestión al abordar las comisiones de cancelación.

REEMBOLSO ANTICIPADO Y EL PAPEL DE LOS NOTARIOS

Durante la ponencia celebrada este martes, la primera después de la polémica decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas y el posterior decreto ley del Gobierno, los grupos también han discutido los artículos referidos al reembolso anticipado y el papel de los notarios.

Sobre esta última cuestión, el portavoz del PP en la ponencia, Miguel Ángel Paniagua, ha celebrado que la mayoría de los grupos apostaran por mantener el papel otorgado en el proyecto de ley a los notarios, encargados de velar por la transparencia material de los contratos, y que no se haya cambiado la «presunción de veracidad» planteada.

Ambas cuestiones quedarán así prácticamente sin cambios, así como las ventas vinculadas, pese a que en este último artículo queda aún pendiente por cerrar para la siguiente reunión, prevista para la próxima semana.

En este encuentro también se espera resolver el vencimiento anticipado, última gran cuestión a resolver, junto con la posibilidad de impulsar un código sancionador que endurezca los castigos y así disuadir posibles malas prácticas, como propone Unidos Podemos.