Unidos Podemos pide dejar sin sueldo a los diputados que se reúnan más de dos veces en un año con un lobby no registrado

Plantea que los letrados del Congreso y los asistentes de los parlamentarios también publiquen sus declaraciones patrimoniales

Unidos Podemos quiere reformar el Reglamento del Congreso para que se pueda sancionar a los diputados que se reúnan más dos veces en un año con grupos de interés que no estén inscritos en el Registro de lobbies que planea crear la Cámara Baja. Entre las sanciones, prohibir votar en los Plenos o incluso quedarse sin sueldo

Así lo plantea el grupo confederal en las enmiendas que ha registrado a la reforma del Reglamento de la Cámara auspiciada por el PP que persigue regular la actuación de los grupos de interés en la institución legislativa.

En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, Unidos Podemos aprovecha para introducir en el Reglamento un nuevo motivo de sanción para los diputados. En concreto, aboga por poder actuar contra quien «en más de dos ocasiones en un año natural se reúna con grupos de interés que no estén inscritos» en el futuro registro.

Esas sanciones podrían ir desde quitar a los diputados su asignación económica mensual o sus indemnizaciones por gastos hasta privarles del derecho a votar en el Pleno y las comisiones parlamentarias.

QUITAR SUBVENCIONES A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Unidos Podemos también sugiere que el Reglamento obligue a los grupos parlamentarios a incorporar mecanismos internos de control y sanción para quien incumpla las obligaciones de transparencia de los diputados (publicar sus agendas, especialmente sus reuniones con grupos de interés y la documentación que reciben de éstos), así como que la Mesa del Congreso pueda reducir o congelar las subvenciones a los grupos cuyos diputados incumplan de forma reiterada las obligaciones de transparencia relativas a los grupos de interés.

Igualmente, reclama que los asistentes de los diputados y los cargos públicos del Congreso, como los letrados, publiquen, tal y como hacen ya los diputados, sus declaraciones de bienes y patrimonio al inicio de su mandato y tres meses antes de concluir el mismo, con el fin de tener un mayor control que permita detectar posibles irregularidades en su actividad.

Podemos y sus confluencias ponen al mismo nivel a los cargos electos y los cargos públicos del Congreso de manera que propone que tengan que registrarse como lobbistas todas las personas que ejerzan esta labor tanto con parlamentarios como con letrados de la Cámara y otros cargos de la Administración General del Estado.

UN REGISTRO PARA TODA LA ADMINISTRACIÓN

Y es que este grupo apuesta por que el registro de lobbies que se cree en el Congreso no sea sólo para regular la actuación de estos grupos en la Cámara, sino que, siguiendo la recomendación del Tribunal Constitucional, se cree un registro único de aplicación a todas las administraciones, incluyendo Parlamentos autonómicos y ayuntamientos, a través de convenios.

Como el grupo confederal, también Ciudadanos sugiere en sus enmiendas a esta reforma que el futuro registro de grupos de interés tenga formato electrónico, público y gratuito y pueda consultarse en la página web del Congreso, omitiendo la información de carácter confidencial.

Asimismo, el partido naranja es partidario de que la inscripción en el registro del Congreso sea «plenamente eficaz para cualquier Administración Pública», si bien precisa que las Asambleas legislativas autonómicas podrán crear los suyos propios. Incluso el PP ha registrado una enmienda que abre la puerta a que la Presidencia del Congreso selle convenios para «coordinar» el registro de la Cámara con los de otras instituciones.

Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos proponen ampliar el catálogo de normas de conducta que la iniciativa del PP establece para los lobbistas . Así, los de Pablo Iglesias piden que especifique en el registro la cifra de negocio obtenida en los dos últimos años por el lobby en cuestión, desglosada por clientes, así como las subvenciones o contratos públicos obtenidos en el mismo periodo.

De su lado, los naranjas apuestan por recoger expresamente en ese código que los miembros de los grupos de presión «no ofrecerán ningún obsequio, favor, prestación o servicio que pueda comprometer la integridad» de sus señorías.

El PSOE, por su parte, pide que los datos a consignar en el registro los concrete la Mesa tras escuchar a la Junta de Portavoces. Eso sí, considera necesario que sean públicos y que quienes realicen esta actividad en nombre de otros hagan constar al inscribirse cuánto cobran por ese trabajo y si entre su personal o sus directivos hay alguien que haya sido alto cargos o cargo electo en los últimos cinco años.

¿QUIÉN GESTIONA EL REGISTRO?

La iniciativa del PP deja en manos de la Presidencia del Congreso, con apoyo de la Secretaría General de la Cámara, la gestión del registro, la verificación de los datos de los lobbistas y la aplicación de sanciones si incumplen el código de conducta, pero no todos los grupos comparten esa idea.

Así, el PSOE pide que se encargue esta tarea a un miembro del cuerpo de funcionarios de las Cortes, mientras que Unidos Podemos aboga por crear un órgano independiente e imparcial que se encargue del registro que demanda para toda la Administración: el Comisionado del Registro Común.

Ese comisionado, según el grupo confederal, debe ser una persona jurista de reconocida solvencia designado por dos tercios del Congreso a propuesta de dos grupos parlamentarios para un mandato de tres años y podrá ser reelegido para un máximo de tres mandatos. No podrá desempeñar ese cargo quien en los tres años anteriores haya ocupado un cargo político o de designación política en la administración, un partido o un sindicato.