Interior pondrá al día el Plan de Prevención Antiterrorista, que no se revisa desde 2015 y que ya dejará 2018 en blanco

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha denunciado este jueves que cuando el nuevo equipo del Gobierno socialista llegó al ministerio del Interior el pasado mes de junio se encontró con que el Plan de Prevención y Protección Anterrorista no se había revisado desde 2015 y se ha comprometido a ponerlo al día al igual que otros planes sobre la misma materia.

Así lo ha explicado Botella durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso en la que ha desgranado las líneas generales de las políticas que piensa aplicar como número dos de este departamento.

Botella ha explicado que su secretaría de Estado se ha visto obligada a revisar los planes y estrategias antiterroristas que rigen en España para ponerlos al día. «Si los tenemos es para que se cumplan y se haga un seguimiento», ha recalcado.

En este contexto, ha remarcado que «no es admisible» que la nueva Estrategia Integral Contra el Terrorismo Internacional lleve pendiente desde 2017. Según ha explicado, el año pasado, se debía haber aprobado la nueva estrategia para los cinco años siguientes, pero en junio de este año aún no se había hecho.

UN AÑO EN BLANCO

«Va a haber un año en blanco y eso es muy grave», ha resaltado antes de garantizar que departamento está trabajando para dar luz verde a la nueva estrategia 2019-2023 antes del 30 de enero del año que viene

Dentro de la estrategia antiterorrista se incluyen dos planes específicos: el de prevención y protección antiterorista y el de lucha contra la radicalización violenta.

Respecto al primero, Botella ha recordado que tiene su origen en 2005 y que su última revisión data de 2015, es decir, que lleva tres años sin revisarse. «Y recuerden los acontecimientos que ha habido en este periodo», ha deslizado la secretaria de Estado.

Por último, ha avanzado que a lo largo del primer trimestre del año que viene esperan tener listo un primer documento sobre el plan de lucha contra la radicalización violenta que someterán a la valoración del Consejo de Seguridad Nacional.

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