PNV y PSE registran la reforma de la Ley de abusos policiales con «modificaciones puntuales» para evitar al TC

El texto prima «el interés de las víctimas por encima del esclarecimiento de los hechos o la identificación de los culpables»

VITORIA, 11

PNV y PSE-EE han registrado este jueves por la mañana el texto de reforma de la Ley de abusos policiales que recoge los cambios pactados entre los Gobiernos Vasco y central para la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, y evitar que el Tribunal Constitucional eche atrás el desistimiento de la impugnación por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El documento prima «el interés de las víctimas por encima del esclarecimiento de los hechos o la identificación de los culpables», para evitar la invasión de la competencia de los tribunales y «salvaguardar el honor y la presunción de inocencia» de los posibles victimarios. Jeltzales y socialistas han reclamado «un posicionamiento favorable» del resto de grupos del Parlamento.

Los parlamentarios del PNV y del PSE-EE, Iñigo Iturrate y José Antonio Pastor, respectivamente, han sido los encargados de presentar en el registro de la Cámara la Proposición de Ley para la reforma de la Ley vasca de abusos policiales, por lo que quedan ya incorporados a su articulado los cambios pactados entre ambas Administraciones para que la norma «pueda tener una mayor seguridad jurídica y evitar que el Tribunal Constitucional la suspenda».

«Se trata de modificaciones puntuales que dejan más claro si cabe y confirman el sentido inicial de la norma, que no es otro que reconocer y reparar a las víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999», ha apuntado los dirigentes jeltzale y socialista.

En un comunicado, han asegurado que siempre han querido «primar el interés de las víctimas por encima de cualquier otra consideración judicial, como el esclarecimiento de los hechos o la identificación de culpables».

«Son víctimas que existen, pero que no hemos visto y que merecen, al igual que el resto, un reconocimiento y un apoyo que hasta ahora no han tenido. Éste y no otro ha sido y es el espíritu de la ley. Nunca hemos pretendido suplantar ni invadir las competencias del Poder Judicial, pero, ante las dudas y cautelas suscitadas en algunos ámbitos, hemos querido solventarlas y salvaguardar así la Ley», ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que «no acometer estas reformas sería llevarnos a un callejón sin salida y frustrar las esperanzas de un colectivo que se ha sentido desamparado por los poderes públicos».

MODIFICACIONES

Los cambios que ambos grupos han introducido en la ley, y que fueron pactados en el mes de julio por los Gobiernos de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu afectan a tres artículos y a la disposición adicional sexta. En particular, se sustituyen expresiones referidas al «esclarecimiento de los hechos» por otras en las que se alude a la búsqueda de la «más completa resolución de los expedientes».

Además, en la nueva redacción, se da una «mayor protección» a los posibles victimarios, «salvaguardando los derechos al honor, la presunción de inocencia y la intimidad». «Hemos hecho la mejor Ley posible en el marco de nuestras competencias, sin entrar a ejercer el papel que le corresponde a los jueces. No lo hicimos antes y ahora lo ratificamos», han asegurado el PNV y el PSE-EE.

En el encuentro del mes de julio, los Gobiernos vasco y central acordaron las modificaciones a realizar, que ahora se han materializado, y Sánchez se comprometió a retirar el recurso que Mariano Rajoy interpuso en mayo en el Tribunal Constitucional contra esta Norma.

No obstante, la retirada del recurso no asegura que el alto tribunal no pueda continuar con sus análisis y se pronuncie sobre la norma. Para que la reforma pueda quedar aprobada antes del pronunciamiento del TC sobre el desistimiento, los grupos firmantes de la proposición de Ley han solicitado su tramitación por la vía de urgencia.

POSICIONAMIENTO FAVORABLE

Iñigo Iturrate y José Antonio Pastor han pedido al resto de grupos «un posicionamiento favorable» a la reparación de este colectivo. «Todas las víctimas deben ser reconocidas, y nosotros tenemos el deber de hacerlo posible», ha apuntado.

La Ley fue aprobada en la pasada legislatura con los votos a favor de EAJ-PNV, PSE-EE, la abstención de EH Bildu, y el voto en contra de PP y UPyD. Meses después, varios artículos fueron suspendidos por el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno de Mariano Rajoy, al considerar que había en ella «una invasión competencial».

«Las modificaciones son muy puntuales y no alteran el sentido último de la Ley, que no es otro que reconocer y reparar a unas víctimas injustamente olvidadas. Apuntalamos el carácter asistencial de la Ley y sus garantías jurídicas», han concluido Iturrate y Pastor.