AMPL El Gobierno garantizará el cobro de las rentas a los propietarios que pongan en alquiler viviendas vacías

Mazón presenta al Observatorio de Vivienda el borrador del decreto que regulará las ayudas del plan 2018-2021

El Gobierno de Cantabria garantizará el cobro de las rentas a los propietarios de viviendas libres vacías que decidan ponerlas en alquiler, así como el arreglo de posibles daños. Es una de las principales novedades del borrador de decreto regulador de las ayudas del Plan de Vivienda 2018-2021 que el consejero del ramo, José María Mazón, ha presentado hoy al Observatorio de Vivienda.

Según ha dicho, se va a subvencionar «el 100%» del coste de un seguro a los arrendadores que cumplen los requisitos del decreto, entre ellos que la vivienda haya estado desocupada un mínimo de seis meses.

De esta forma, se pretende reducir la «inseguridad y el miedo» que muchos propietarios tienen a no cobrar la renta pactada o a los posibles daños que pueda sufrir el inmueble, que son la principal causa por la que deciden no poner en alquiler sus viviendas vacías.

Con esta medida, el Gobierno pretende movilizar el parque de viviendas vacías y fomentar la oferta de alquiler. «El precio de los alquileres está subiendo, y normalmente cuando eso ocurro es porque hay un desajuste entre la oferta y la demanda», ha explicado Mazón.

El consejero no se ha atrevido a dar una estimación de las viviendas que podrían salir a alquiler como consecuencia directa de esta medida. «Es una incógnita; esperamos que la gente se anime», ha dicho a preguntas de los periodistas.

Ha explicado que en Cantabria hay unas 40.000 viviendas vacías, pero «muchas realmente no son alquilables», bien por estar en lugares alejados de las zonas de demanda, formar parte de promociones que se han quedado sin vender, ser herencias familiares, etc.

La idea del Gobierno es que el decreto de ayudas del Plan de Vivienda presentado hoy al Observatorio y abierto a sugerencias, se pueda aprobar «de aquí a fin de año» y entrar en vigor el 1 de enero.

COLECTIVOS ESPECÍFICOS

El plan cuenta con una dotación de 80 millones de euros, a razón de unos 20 millones al año, de los que 66 millones se destinarán a las ayudas que regulará el citado decreto, y según Mazón tendrá un carácter «más social que nunca», puesto que se amplían los colectivos especiales a los que llegarán sus programas (menores de 35, mayores de 65, familias numerosas o jóvenes con hijo a cargo, víctimas de violencia de género, personas en situación de emergencia habitacional por desahucios, etc).

Además, se incrementan las ayudas con carácter general, llegando en algunos casos a duplicarse, y reaparecen las ayudas a la compra, pero ligadas a evitar el despoblamiento en los pequeños municipios, en los que también se aumentan las ayudas a la rehabilitación de viviendas. En este sentido, ha señalado que los municipios de menos de 5.000 habitantes representan algo más del 80% de los municipios de nuestra región.

Por otro lado, se redefinen los procedimientos para facilitar a los ciudadanos su tramitación y, además, se modifican los programas de ayudas existentes y se incorporan nuevos programas de ayudas, entre los que ha resaltado el programa de movilización de viviendas vacías y el de ayuda a los jóvenes para la compra de viviendas.

Mazón ha destacado que sólo con las ayudas a particulares para rehabilitación de viviendas, a las que se destinarán 30 millones en cuatro años, «se moviliza el triple de actividad económica», es decir, unos 90 millones de euros, lo que es «muy importante para el sector de la construcción y para reducir el paro».

Ha señalado que se trata de un decreto «muy exhaustivo», con más de 100 artículos, que contempla por un lado las ayudas del Estado (alquiler, rehabilitación y promoción), y por otro lado, líneas propias (seguro de alquiler de viviendas vacías, ayudas a las comunidades de propietarios y rehabilitación de edificios de titularidad municipal).

Mazón ha recordado que del orden de 4.000 familias reciben ayudas al alquiler, y un centenar de comunidades de propietarios se han beneficiado de ayudas a la rehabilitación. Preguntado sobre los desahucios, el consejero ha estimado que casos extraordinarios se dan una media de 20 o 30 al año. Ha precisado que desahucios «hay cientos al año» pero muchos no responden a situaciones de emergencia habitacional sino que el afectado tiene «otras alternativas».

La reunión ha contado con la asistencia del director general de Vivienda y Arquitectura, Francisco Javier Gómez Blanco, así como de representantes de CEOE-CEPYME, la Federación de Municipios de Cantabria, la Plataforma Afectados Hipoteca (PAH) de Santander, STOP DESAHUCIOS, el Colegio de Arquitectos, los sindicatos UGT y CCOO, el Colegio de Administradores de Fincas y de AFILIA, según ha informado el Gobierno regional.