La Xunta se puso en contacto con el Gobierno central para recuperar el Pazo de Meirás

PONTEVEDRA, 24

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha indicado que el Gobierno gallego se ha puesto en «comunicación» con el Ministerio de Cultura para instarle a adoptar las acciones correspondientes legales, como le pidió el Parlamento gallego, para recuperar para la administración pública el Pazo de Meirás, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012.

Fuentes de la Consellería de Cultura han confirmado a Europa Press que, además, el Gobierno gallego ya envió en verano, una semana después de que se aprobase en el Parlamento en el pleno de julio, la iniciativa unánime por la que se insta al Ejecutivo central a llevar a cabo las acciones judiciales.

También se le remitió el informe de la comisión de expertos en el que se recogía como la mejor fórmula jurídica para recuperar el pazo la «demanialización», es decir, que las también conocidas como Torres de Meirás son un bien público por la «fuerza del uso».

En su encuentro con los medios en Pontevedra este lunes, Rueda ha ratificado que el Gobierno gallego no ejercerá su derecho de tanteo y por lo tanto no comprará al nieto de Franco, Francisco Franco Martínez-Bordiú, la parte correspondiente de su herencia del Pazo de Meirás.

«El nieto de Franco por el que usted me pregunta ha depositado las escrituras en el registro», ha manifestado Rueda en un encuentro con los periodistas en Pontevedra. Esto abre la posibilidad de que la Xunta ejerza el derecho de tanteo y retracto sobre el bien patrimonial, pero ya en distintas ocasiones había avanzado que no lo haría.

«Y yo confirmo, en nombre de la Xunta, que no lo vamos a ejercer», ha aseverado este lunes Alfonso Rueda, quien ha añadido que, como consecuencia de esta decisión «no tiene ninguna oportunidad este heredero de obtener ningún beneficio en la parte que le correspondiese».

LOS FRANCO «NO TENDRÁN COLABORACIÓN»

El vicepresidente de la Xunta ha incidido en que «ahora no tendrá la colaboración de la Xunta para poder hacer esa recuperación». Además, ha confirmado que se han puesto en contacto con el Ministerio de Cultura para que encabece las acciones legales, como recomendó el informe de la comisión de expertos designada por el Parlamento de Galicia, para informarle de «esta circunstancia».

Además, el número dos del Gobierno gallego ha apuntado que la Xunta ejerce la «competencia que le corresponde» para «procurar o hacer todo lo posible» con el fin de que este bien «no pase a sus manos o ninguna otra mano y quede en manos públicas».

INFORME EXPERTOS

La Comisión de Expertos sobre el Pazo de Meirás promovida por el Parlamento de Galicia y nombrada por la Consellería de Cultura presentó el pasado mes de junio las conclusiones de su informe, en el que proponían la incorporación del inmueble al dominio público por la vía de la «fuerza de uso» como inmueble de Estado.

La palabra técnico-jurídico es «demanialización», una fórmula que demostraría que, aunque formalmente el pazo figuraba como de titularidad privada, en realidad era un edificio de uso público que se nutría de fondos públicos para su mantenimiento.

Eso sí, la propuesta jurídica abre la puerta a que la familia Franco cobre los gastos de mantenimiento entre 1975 y la actualidad, en el caso de que se consume su incorporación a la administración pública y que se pida compensar estos gastos. En todo caso, sería la justicia la que determinaría, con posterioridad, si lo que se gastó es superior al beneficio obtenido por tener el pazo entre las propiedades de la familia Franco.

ANOTACIÓN CAUTELAR EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD

La comisión de expertos propuso una acción reivindicatoria contra la comunidad hereditaria y, solicitar a través de una demanda, la declaración del carácter del inmueble como bien de dominio público a la jefatura del Estado. Además, insta, como medida cautelar, a la «anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad», lo que paralizaría cualquier otro tipo de actuación.

En el pleno de julio de este año, el Parlamento por unanimidad aprobó una proposición no de ley –tras la fusión de tres iniciativas de PP, BNG y En Marea– en la que instaron a la Xunta a remitir al Gobierno central toda la documentación con el fin de promover las acciones legales pertinentes.