PP lleva al Senado una iniciativa en apoyo de la educación concertada y la libertad de los padres para elegir
El PP ha presentado una iniciativa que será aprobada en el próximo Pleno del Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, de respaldo de la educación concertada y de la libertad de las familias para elegir centro escolar para sus hijos, ante el anuncio del Gobierno de modificar la LOMCE en este asunto.
La moción está firmada por el portavoz del Grupo Popular, Ignacio Cosidó, y en ella el PP reivindica que se mantenga en concreto el artículo 109.2 de la citada ley, que el ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá quiere suprimir.
Este artículo permite que la programación de la oferta de plazas escolares se establezca por «demanda social», lo que según el Gobierno ha hecho en algunos casos que la escuela concertada haya tenido preeminencia sobre la pública, por ejemplo, en los nuevos barrios de las ciudades.
El PP exige que en colaboración con las comunidades autónomas el Gobierno garantice «la libertad de enseñanza» y «el derecho a los padres a elegir el tipo de educación y el centro donde escolarizar a sus hijos». Los populares reivindican que se respalde la enseñanza pública y el sistema de conciertos porque «asegura» esa libertad de elección y que se conceda a todos los centros, «públicos y concertados».
La moción incluye una última reclamación al Gobierno para que promueva y respalde «la autonomía de los centros para desarrollar proyectos educativos de calidad» que respondan «a las inquietudes y prioridades de las familias».
CONTRA LOS CAMBIOS EN LA LOMCE
La iniciativa del PP responde a la intención de la ministra Celaá de derogar de forma «urgente» varios artículos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada por el Partido Popular, y también de que la asignatura de religión dejará de ser «computable con efectos académicos», según explicó en su primera comparecencia en el Congreso tras ser elegida para el cargo.
El PP argumenta que presenta esta moción porque «ninguna administración ni gobierno puede poner impedimento alguno» a la libertad de educación, sino que su obligación es «respetar la diversidad de modelos y la libre elección de centro».
En la iniciativa se explica igualmente que las familias deben ser libres para elegir no sólo entre centros públicos, concertados y privados, sino también «un proyecto concreto», por lo que reivindica autonomía para que los colegios deben tener autonomía para tener «su singularidad» respecto a los demás.
