Carcedo ve el Alzheimer como un problema sanitario de «primer orden» y asegura que el Plan Nacional dará una respuesta

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha reconocido que el Alzheimer es un problema sanitario de «primer orden», por lo que ha asegurado que el futuro Plan Nacional de la enfermedad, en el que «ya se está trabajando», ofrecerá a la sociedad una «respuesta» a la realidad social que plantea la patología.

«El Alzheimer representa uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las sociedades actuales, y aún más si cabe la sociedad española, dada la elevada tasa de envejecimiento de su población y la alta prevalencia de la enfermedad en los colectivos de mayor edad», ha recalcado la ministra.

En España, según diferentes estudios, la prevalencia de esta enfermedad es del 0,05 por ciento entre las personas de 40 a 65 años; 1,07 por ciento entre los 65-69 años; 3,4 por ciento en los 70-74 años; 6,9 por ciento en los 75-79 años; 12,1 por ciento en los 80-84; 20,1 por ciento entre los 85-89; y 39,2 por ciento entre los mayores de 90 años.

De acuerdo con estos datos, el número de pacientes en España supera las 700.000 personas y, tal y como ha recordado el Ministerio de Sanidad, se estima que en 2050 el número de enfermos se haya duplicado y se acerque a los dos millones de personas.

El futuro Plan Nacional de Alzheimer, impulsado por el departamento que actualmente dirige Carcedo, cuenta en su elaboración con la participación del Grupo Estatal de Demencias y con la colaboración de fundaciones, asociaciones, instituciones y centros de referencia.

En este sentido, el Centro de Referencia Estatal de Alzhéimer y otras demencias de Salamanca, dependiente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), ha sido el artífice de su coordinación, preparación, diseño y elaboración.

MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES

Concretamente, a través de este plan se pretende mejorar el conocimiento relativo a la dimensión y las necesidades de los pacientes, así como de sus cuidadores familiares, además de otros aspectos como son la investigación biomédica y sociosanitaria; y la innovación en soluciones y respuestas.

Algo que la ministra ha asegurado que ayudará a hacer frente al impacto económico y social del Alzheimer en España. De hecho, los principales objetivos del plan son reducir el impacto de la enfermedad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores familiares y el ejercicio de todos sus derechos; favorecer el mantenimiento del enfermo en su entorno natural el mayor tiempo posible, promoviendo su máxima autonomía y participación e involucrar a la sociedad en la respuesta hacia los retos que plantea la enfermedad, eliminando situaciones de rechazo, exclusión y estigmatización.

Del mismo modo, contempla poner en marcha respuestas sociosanitarias y en otros ámbitos (seguridad social, ámbito laboral o vivienda) adecuadas, innovadoras y sostenibles para responder a las necesidades de los pacientes; frenar el impacto económico y social de la enfermedad; y mejorar el conocimiento de la dimensión y las necesidades de los pacientes y cuidadores familiares, la investigación biomédica y sociosanitaria, y la innovación en soluciones y respuestas.

Con estos objetivos, a la hora de implementar las medidas necesarias, se seguirán cuatro ejes: la sensibilización, concienciación y transformación del entorno, modificando la percepción y consideración de la sociedad hacia la enfermedad; una atención sociosanitaria integrada, en los ámbitos de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento; el valor del cuidador en su condición como persona para incrementar su consideración social y la mejora de las condiciones en las que desempeñan su labor; y el impulso de la investigación, conocimiento e innovación en la patología.

A través de la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, está previsto que el borrador de este plan sea presentado a las comunidades autónomas antes de finales de año para ser aprobado posteriormente en el seno de dicho Consejo. Una vez aprobado se prevé que se desarrolle en el periodo 2018-2022.