La ONU estudia la solicitud de Guatemala para enviar a un nuevo jefe de la misión anticorrupción al país
Naciones Unidas está estudiando la solicitud enviada este lunes por el Gobierno guatemalteco en la que da un plazo de 48 horas a la organización para enviar al país a un nuevo jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una misión de la ONU que investiga la corrupción en el país centroamericano y ha sido muy criticada por el presidente, Jimmy Morales.
«Espero una declaración un poco más formal más tarde, pero, puedo confirmar que hemos recibido la carta, y la estamos estudiando cuidadosamente», ha indicado el portavoz del secretario general de la ONU Stéphane Dujarric en una rueda de prensa.
«El presidente de la República me instruyó remitir nota diplomática a la Secretaría General de la ONU para que proceda a enviar, en las próximas 48 horas, las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado de la CICIG», explicó el lunes la ministra de Relaciones Exteriores guatemalteca, Sandra Jovel.
La ministra recordó que el candidato «deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala» que podrá entrar en el país una vez se ratifique su nombramiento por parte del Gobierno de Morales. En cambio, el actual jefe de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, no podrá entrar en Guatemala.
La medida del Gobierno contradice la decisión del Tribunal Constitucional de Guatemala, que el domingo falló de forma unánime ordenar que se levante el veto en su contra para que éste pueda regresar al país.
Esta es la segunda vez que la corte revoca una decisión de Morales. En septiembre de 2017, el mandatario también intentó expulsar al jefe de la CICIG y declararlo persona non grata, pero la corte no lo permitió.
Jimmy Morales anunció a finales de agosto que no renovaría el mandato de la CICIG, que expira en septiembre de 2019, y ordenó en una carta con fecha del 3 de septiembre que las autoridades migratorias no permitiesen la entrada en Guatemala del jefe de este organismo, Iván Velásquez, a quien acusa de atentar contra el orden y la seguridad pública.
La decisión ha provocado ya importantes movilizaciones de indígenas y organizaciones sociales en contra de Morales y para parar dos iniciativas en el Congreso: una que quiere darle potestad sobre los desafueros al Legislativo –dominado por los aliados de Morales– y otra que busca permitir a los casi 80 diputados tránsfugas del oficialismo adherirse a un nuevo partido político para las elecciones del próximo año.
El tándem formado por la Fiscalía y la CICIG ya dio la batalla con el anterior Gobierno. Otto Pérez Molina tuvo que dimitir el 2 de septiembre de 2015 –cuatro días antes de las elecciones presidenciales– por un escándalo de defraudación aduanera. Él, su antigua vicepresidenta y otros ex altos cargos están siendo juzgados por ello.
La CICIG se creó por virtud de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU que entró en vigor en 2007 para un periodo de dos años que se ha prorrogado cinco veces. La última prórroga expirará el 3 de septiembre de 2019, por lo que la CICIG cuenta con un año para «hacer la transferencia de las capacidades técnicas a las instituciones guatemaltecas».
