Jiménez-Villarejo (Eurojust) opina que el sistema de euroórdenes tiene «bastantes limitaciones»

Afirma que la Fiscalía alemana ha respondido «perfectamente» al principio de «confianza mutua» en el caso de Puigdemont

El fiscal miembro nacional de España en Eurojust Francisco Jiménez-Villarejo opina que el sistema de euroórdenes tiene «bastantes limitaciones» y ve «ineludible» que tenga que ser reformado por medio de una Directiva o un Reglamento, pero ha afirmado que la Fiscalía alemana ha respondido «perfectamente» al principio de «confianza mutua» en el caso del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Así lo ha dicho en referencia al procés y a la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein de considerar procedente la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont a España por malversación de fondos públicos, pero rechazando el cargo de rebelión.

En una mesa redonda en la última jornada de la cuarta edición del encuentro Una Justicia de futuro en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, el fiscal español de Eurojust ha precisado que en el sistema judicial europeo existen «distintos niveles de confianza mutua».

Así, ha comparado el nivel de confianza mutua de la Fiscalías, que es «el núcleo duro» del principio –«ese principio no se puede confundir con eliminar la independencia judicial», ha apostillado–, por ejemplo, con la que hay con los abogados defensores, con los que «no tienen por qué haber» esta confianza porque estos «tienen que defender» los intereses de sus clientes.

De esta forma, pese al «pesimismo» que ve en relación con esta confianza mutua, ha querido lanzar un «mensaje positivo» porque, en su opinión, lo que se ha hecho en Europa en materia judicial es «ingente» a partir de hitos como el espacio común Schengen o los Tratados de Maastrich y Lisboa.

En su opinión, la cooperación «se ha transformado» en los últimos años en materias como el envío de comisiones rogatorias, con el «reconocimiento mutuo» como «piedra angular» y con una base en la «confianza mutua» y la simplificación de los trámites o los plazos.

Así, además de recordar que la Justicia es «esencial» y la cooperación judicial «es parte esencial» en un mundo globalizado, ha defendido que los hitos mencionados han supuesto una «obra monumental» y el «desarrollo más importante» del constitucionalismo.

Sin embargo, sí ha aclarado que en los países de la UE hay «distintos» sistemas judiciales y de investigación, con un mayor o menor peso de las fuerzas policiales o judiciales, y ha abogado por «aceptar» la «diversidad» que existe en Europa en materia de tradiciones jurídicas. Por este motivo, ve «muy difícil» que haya una «armonización».

En este sentido, opina que entre los «obstáculos» que hay que superar están las «tensiones» entre la soberanía nacional y la cooperación intergubernamental, dando el paso, ha añadido, a «una mayor integración» porque el Derecho Penal es que el marca «las líneas rojas» entre el Estado de Derecho y los ciudadanos.

ESTADOS «MUY CELOSOS» A LA HORA DE CEDER SOBERANÍA

A este respecto, considera que los Estados miembro son «muy celosos» a la hora de ceder soberanía e incluso «chauvinistas», por lo que ha zanjado que esta es «la gran tensión» que hay que superar. Del mismo modo, se ha referido la «colisión» entre seguridad y libertad en relación con la inmigración.

Según Jiménez-Villarejo, en Europa existe «temor» por la posibilidad de «rebajar» el nivel de bienestar como consecuencia de la integración de personas procedentes de terceros Estados por motivos como que «puede verse afectada» la seguridad «verdaderamente privilegiada» que se ha conseguido en Europa en comparación con otros países.

Sin embargo, opina que esta es una visión «muy cortoplacista y fragmentada» de la realidad que, ha alertado, puede «pasar factura no solo» a la seguridad, sino también al sistema de libertades, al tiempo que ha reivindicado que el estado de libertad, seguridad y justicia en la Unión «no es un ejercicio de escaparatismo», sino un proyecto «posible, viable y perfectamente realizable».

Finalmente, ha recordado que la lucha contra el crimen organizado requiere un sistema como Eurojust, cooperación y coordinación en el caso de investigaciones multilaterales en las que estén involucrados dos o más Estados miembro o terceros países.

De hecho, ha remarcado que en Eurojust se han conseguido «resultados tangibles» desde el punto de vista práctico, como que hay 2.550 casos anuales, más de 300 equipos conjuntos de investigación o mecanismos de coordinación para desarticular organizaciones criminales de una manera que era «impensable tan solo hace unos años».