Ángeles Carmona cree que el Pacto contra la Violencia de Género será un «paso agigantado»»

Coincide con Luis Cayo (Cermi) en señalar que las mujeres discapacitadas tienen «más difícil» denunciar

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, se ha mostrado «absolutamente convencida» de que el Pacto contra la Violencia de Género aprobado en septiembre del 2017 supondrá un «paso agigantado» en la lucha contra esta lacra porque supone un acuerdo «realmente ambicioso».

Sin embargo, considera que hay que seguir avanzando con la implicación de toda la sociedad para conseguir «romper el silencio», ya que, tal y como ha advertido, el poder judicial «solo» no puede acabar con esta lacra. Por este motivo, ha recordado que existen «muchísimas medidas» aparte de la legislación, como las campañas de sensibilización.

Así lo ha dicho esta tarde en una mesa redonda en la cuarta edición del encuentro Una Justicia de futuro , en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, en la que la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha denunciado que en la lucha contra la violencia machista se está «fallando mucho» en ámbitos como el educativo, el asistencial o el judicial «si cada semana un hombre asesina a una mujer» con la que mantiene o ha mantenido «una relación afectiva».

Ortega ha recordado algunas de las medidas que se defienden para proteger a la mujer víctima de violencia de género, como el «inicio inmediato por ley» de la ejecución de las penas desde que la sentencia es firme para que no haya «tiempos muertos», la modificación de la dispensa de la obligación de la víctima de declarar, sobre la que también ha hablado Carmona, o la ampliación del concepto de violencia de género a «cualquier» manifestación «que sufra la mujer por el hecho de ser mujer».

Carmona, asimismo, ha defendido que la implicación social «tiene que llegar a todos lados», incluidas las farmacias, las comunidades de vecinos, los centros educativos y las propias familias. A este respecto, ha afirmado que la mayor parte de las denuncias de violencia de género provienen de atestados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con denuncia de la propia víctima, mientras que no llega al 2 por ciento el número de atestados por denuncias de familiares o amigos.

«Si una mujer es víctima de maltrato físico o psicológico, se nota», ha zanjado Carmona, quien se ha preguntado por qué el entorno de las víctimas no da este paso, que es «dificilísimo» para las mujeres y «a veces se convierte en un acto heroico», ya que ellas tienen «mucho miedo, muchísima vergüenza y sentimiento de culpa» debido a que se lo ha inculcado el maltratador. Incluso, ha añadido por su experiencia personal en los juzgados, temen perder a sus hijos o no saber quién los va a cuidar si denuncian.

FORMACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y «PERSPECTIVA DE GÉNERO»

Carmona ha asegurado que en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se recoge «clarísimamente» la necesidad de reformar la legislación en materia de los delitos contra la libertad sexual, en relación con el caso conocido como La manada . «Lo han dicho los diputados y las diputadas españolas, hay que modificar esa legislación», ha zanjado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de aumentar la formación en la carrera judicial, pero también en los demás operadores y actores jurídicos o no jurídicos.

También ha recordado la existencia de juzgados especializados o de abogados del turno de oficio especializados en la lucha contra la violencia de género, y ha defendido la necesidad de «introducir la perspectiva de género» en esta formación.

En este sentido, se ha referido a la mejora del conocimiento en la materia porque el «esfuerzo» que se ha hecho contra la violencia en la pareja hay que ampliarlo para que todas las medidas de protección se extiendan a todas las formas de violencia que sufren las mujeres. Para ello, ha vaticinado que se «va a tener que modificar» toda la legislación referida a esta lacra, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal, el Código Civil o la Lecrim.

Del mismo modo, ha destacado que desde el Observatorio se está intentando que se amplíe y mejore la formación en materia de violencia de género en el ámbito judicial «desde el temario de las oposiciones» a los «cursos de formación inicial o continuada». En este ámbito, ha remarcado petición de que sea «obligatorio» que los jueces que van a tomar posesión en los órganos mixtos realicen un curso de «concienciación y sensibilización».

Asimismo, ha hecho hincapié en la mejora en la coordinación de la respuesta institucional, el establecimiento de medidas de protección para los menores de edad con medidas –como la supresión del régimen de visitas para los casos en los que el menor haya presenciado, convivido o sufrido la violencia de género– o en la «visualización» de las «otras formas» de violencia contra la mujer.

LOS DISCAPACITADOS, UN COLECTIVO EN «RIESGO DE EXCLUSIÓN»

Durante su exposición, Carmona ha coincidido con el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, en que el colectivo de mujeres con discapacidad que sufren violencia de género es al que «más difícil» le resulta pedir ayuda porque «el maltrato proviene de la única persona que las cuida», al tiempo que se ha referido a las menores de edad discapacitadas o a las mujeres del medio rural que padecen esta violencia.

Por su parte, Cayo ha lamentado que las personas con discapacidad son un colectivo en «riesgo de exclusión», entre otros motivos, porque son «un tercio más pobres» que las personas sin discapacidad, al tener «menos rentas y más gastos» asociados a sus tratamientos.

Por ello, «apela» a que la Justicia tenga un papel «preeminente» en la «defensa activa», pero no «paternalista» de este grupo de personas, al «acceso al beneficio» de la justicia gratuita para este colectivo, a la necesidad de que los entornos judiciales sean accesibles o a la «toma de conciencia» de los operadores jurídicos.

Asimismo, ha llamado la atención sobre el «crecimiento casi exponencial» de los delitos de odio en los que las personas con discapacidad ocupan «uno de los primeros puestos», por lo que ha apostado por «avanzar» socialmente en este aspecto, al tiempo que ha afirmado que este colectivo tiene que ver en el juez «a un aliado y un amigo o amiga» que «pueda reparar las violaciones flagrantes» de sus derechos

Finalmente, ha reclamado que esta atención se establezca como un «elemento transversal» y que se instaure el principio de «diálogo» civil entre los poderes públicos y los sectores y movimientos sociales» porque «somos un grupo de interés» y «queremos relacionarnos» siendo «cooperativos». «Nuestro conocimiento sobre la materia puede favorecer la Justicia humana», ha defendido.