(AMP.) Unidos Podemos propone eliminar el contrato por obra para restringir al máximo la temporalidad

Limita en una ley la duración, causas y encadenamiento de esta modalidad y convierte en fijo todo contrato fraudulento

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere restringir al máximo la temporalidad, y para ello propone limitar las causas por las que se justifican este tipo de contratos, suprimiendo entre otras fórmulas la vinculada a la realización de una obra y servicio.

Para ello, ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que fija límites a la duración y al encadenamiento de estos contratos, y establece su conversión a fijos en los supuestos de fraude de ley. Así, recupera la nulidad del despido para garantizar la permanencia del trabajador ante incumplimientos de la normativa relativa a la duración del contrato.

Todo partiendo desde la presunción de que un contrato de trabajo se presume de duración indefinida y que la contratación por un tiempo determinado supone una excepcionalidad. Concretamente, limita estas excepciones a dos causas, organizativas y productivas.

La primera atiende a la sustitución de un trabajador que tiene reservado su puesto –por una baja o una excedencia–, y la segunda a cuando haya un «incremento ocasional e imprevisible» de la actividad que «no pueda ser atendido con la plantilla habitual».

Esto acaba con la contratación temporal de naturaleza estacional y relacionadas con campañas, para las cuales en el grupo confederal consideran que existen ya modalidades de contratación indefinida prevista, y en este sentido inciden en la figura del contrato fijo-discontinuo.

REDUCIR A LA MITAD LA TEMPORALIDAD

Desde el grupo de técnicos que han trabajado en la elaboración y redacción de la propuesta legislativa consideran que estos límites harían posible reducir a la mitad los actuales índices de la temporalidad –rondan el 27% a pesar de haber alcanzado niveles por encima del 30%, critican– y situarlo en el entorno de la media europea, en el 14%.

Eso sí, la ley no entra a regular la temporalidad en el empleo público, aunque sí encarga al Ejecutivo en una disposición adicional la elaboración de un proyecto de ley para adaptar la regulación a los contratos en la Administración, incluidas aquellos vinculados a proyectos de investigación o inversión de más de tres años y a los universitarios.

Otro de los encargos en las disposiciones pasan por la fijación de un porcentaje máximo de contratos temporales a partir del cual las empresas verían incrementados los tipos de las cotizaciones a la Seguridad Social, excluyendo en este cómputo los contratos de relevo y formativos.

UNA CLÁUSULA CONTRA EL ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS

Asimismo, establece una indemnización para el trabajador de 20 días por año trabajado, limita a seis meses su duración –prorrogado hasta un año si así consta en el convenio sectorial– y fija unas normas para evitar su encadenamiento en una misma empresa o grupo empresarial.

Así, una persona que haya trabajado más de 24 meses en un período de 30 meses en la misma empresa o grupo de empresas, a partir de dos o más contratos temporales, directa o indirectamente a través de empresas de trabajo temporal (ETT), adquirirá la condición de trabajador fijo.

Es más, en ese caso la propuesta legislativa encomienda a la Administración a abrir un proceso con el fin de recuperar toda aquella prestación de desempleo abonada, ya que sería la empresa la que tendría que hacer frente estas cantidades.

FIJO DISCONTINUO Y TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

Como alternativa a fórmulas de temporalidad que Unidos Podemos considera abusivas, pues creen que amparan una mayor arbitrariedad y discrecionalidad por parte el empleador, Unidos Podemos reivindica la figura del contrato fijo-discontinuo, con el que las empresas podrían recurrir a trabajadores en actividades estacionales o vinculadas a campañas previsibles.

En este sentido, establecen la obligatoriedad de elaborar un censo dentro de las empresas con personas que deben ser llamadas de acuerdo a un orden objetivo, fijando el despido tácito en caso de que un trabajador no fuera llamado, e impidiendo la contratación temporal hasta no agotar la lista.

Por otro lado, la iniciativa aborda la naturaleza del contrato a tiempo parcial, obligando a establecer en él el horario, eliminando las horas complementarias, pues creen que permite una ampliación de jornada «de forma discrecional» por parte del empleador. No así las horas extraordinarias, aunque dentro de un marco más restrictivo y delimitado.

Asimismo, establece la obligatoriedad de contar con un registro de horas trabajadas aplicable a todos los empleados de una empresa, a disposición del empleado, la representación sindical y la Inspección de Trabajo, y se prohíbe la distribución irregular de la jornada.

EL EMPODERAMIENTO DE LOS TRABAJADORES

En la presentación de la iniciativa, celebrada en la Fundación Diario Madrid, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido la necesidad de fortalecer la protección en la legislación laboral para hacer frente a la inseguridad con la que, ha dicho, viven hoy los trabajadores en situaciones de precariedad. «Esto lo vamos a convertir en ley y no va a significar que tengamos mucho poder, sino que los trabajadores de este país se empoderen», ha señalado.

La portavoz del grupo confederal en el Congreso, Irene Montero, ha explicado esta precariedad como «la incertidumbre absoluta que impide organizar proyectos de vida», mientras que Yolanda Díaz, portavoz laboral de En Marea ha incidido en el «enorme impacto de género» de la ley, dado el elevado número de mujeres que trabajan con este tipo de contratos.

«Hemos tenido gobiernos absolutamente yonkis de la precariedad, que han abusado de nosotras y esta ley nos devuelve a un punto del que no teníamos que haber salido nunca» ha aseverado, por su parte, la responsable de Trabajo de En Comú Podem, Aina Vidal.

Alberto Rodríguez, su homólogo en Podemos, ha defendido que con normas de estas características tratan de «evitar que la democracia se quede a las puertas de las empresas» y que así pueda darse «una relación mucho más igualitaria» entre trabajador y empresario.