El Estatuto canario fijará un plazo de tres años para que se apruebe una ley electoral propia en el Parlamento regional
El Congreso acelera la tramitación para aprobar la reforma en julio en comisión y enviarla al Senado en septiembre
La ponencia del Congreso de los Diputados para la reforma del Estatuto canario ha concluido su trabajo, tras seis meses de actividad, con la introducción de una novedad en la disposición transitoria del texto, que regula el sistema electoral: el Parlamento regional deberá elaborar su propia ley electoral en el plazo de tres años.
En el caso de que en esos tres años no se alcance un acuerdo en el Parlamento de Canarias, la disposición transitoria, aprobada este jueves en la última sesión de la ponencia, será la que rija el sistema electoral del archipiélago.
Como estaba previsto, esta disposición incluye el preacuerdo alcanzado en el archipiélago entre el PP, el PSOE, Podemos y Nueva Canarias de aumentar el número de diputados de 60 a 70 –uno más para Fuerteventura y nueve que saldrán de una lista regional–, así como reducir los topes electorales del 30 al 15 por ciento en la circunscripción insular, y del 6 al 4 por ciento en el conjunto del archipiélago.
Además, como se acordó en la anterior sesión de la ponencia, el Estatuto fija una horquilla de un mínimo de 50 diputados y un máximo de 75, aspecto que deberá tener en cuenta la próxima ley electoral que salga del Parlamento autonómico.
PODEMOS, FINALMENTE A FAVOR
La secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial de Podemos, Meri Pita, que había anunciado en reuniones anteriores que se desvincularía del preacuerdo suscrito por su grupo en las Islas, finalmente ha votado a favor de esta disposición adicional, porque el resto de formaciones han aceptado incluir, a propuesta del partido morado, esa cláusula temporal de tres años para dotar a Canarias de una ley electoral propia en el plazo máximo de tres años.
«A nadie le gusta ese mal menor, no deja de ser el mal, y lo que hemos propuesto nosotros es poner una fecha de tres años a esa ley electoral. Se acabó la transitoriedad. Debemos tener una ley electoral», ha expresado Pita al término de la reunión.
El PP, el PSOE y Nueva Canarias (NC) han votado a favor, Ciudadanos (Cs) se ha abstenido y Coalición Canaria (CC) ha votado en contra. «No es la propuesta de ninguno de los partidos, pero es la que más consenso tenía», ha afirmado la diputada popular María del Carmen Hernández Bento.
«Ya tenemos un texto con el que se puede decir que esta ponencia ha permitido superar clarísimamente el Estatuto anterior», ha celebrado el diputado de NC, Pedro Quevedo, quien ha subrayado que todas las formaciones han sido «capaces de ceder» y que se ha dado «un paso en la mejora» del sistema electoral.
ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS
Por su parte, la portavoz adjunta de Cs en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha lamentado la ausencia de «voluntad de debatir» y ha criticado que se haya «impuesto» el acuerdo que vino de Canarias. En este sentido, ha valorado la introducción del plazo de tres años para la aprobación de una ley electoral propia, y ha dicho que su grupo se ha abstenido para no «obstaculizar» un cambio de la ley electoral, pese a que mantiene que 60 diputados son suficientes.
Asimismo, Rodríguez ha desvelado que en el interior de la reunión han presentado una «autoenmienda» a su propuesta electoral para tratar de generar consenso, en la que se mantenían los 60 diputados y la triple paridad que defiende CC, pero en la que solo se tenía en cuenta el porcentaje regional para obtener representación en las Islas.
Al no haber salido adelante esta propuesta, Rodríguez ha adelantado que, en comisión, Cs mantendrá su enmienda inicial con 60 diputados, y la designación de la mitad de diputados por un criterio territorial –con las actuales circunscripciones insulares– y la otra mitad por uno poblacional –con una circunscripción autonómica–.
COALICIÓN CANARIA, EN CONTRA
La diputada de CC, Ana Oramas, ha dicho que está a favor de la rebaja de los topes electorales y de la creación de una lista regional, pero ha afirmado que le parecía «mejor» la propuesta inicial recogida en el texto estatutario remitido desde el Parlamento autonómico, que mantenía los 60 diputados, pero reducía los topes electorales al 15 y 3 por ciento, respectivamente.
Por otro lado, ha celebrado la vinculación del REF en el Estatuto y ha apuntado que la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas, como indica la Constitución, debe recibir un informe vinculante del Parlamento canario. Oramas, que en la última reunión de la ponencia dijo que el aumento de la horquilla de diputados podía significar un «cambio sustancial» en el Estatuto que lo obligase a pasar nuevamente por la Cámara regional, ha dicho que el informe que se remita por el REF «sirve en aspectos preceptivos de lo otro», por lo que no serán necesarios dos informes.
El diputado socialista Sebastián Franquis ha afirmado que la modificación del REF «sí podía ser una modificación sustancial», pero ha aclarado que, como se trabajan de forma paralela en el Congreso el REF y el Estatuto, «el informe llegará antes de que concluya» la tramitación del Estatuto.
Por último, ha informado de que la idea ahora es habilitar el mes de julio para aprobar el Estatuto en la Comisión Constitucional, que pase en septiembre al Congreso, y que de este vaya al Senado.
