UGT, CCOO, Médicos del Mundo, FADSP y REDER firman un manifiesto para pedir a Montón que vuelva «ya» la universalidad

UGT, CCOO, Médicos del Mundo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) o la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto-Ley 16/2012 (REDER), entre otras organizaciones, han firmado un manifiesto conjunto para instar a la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, a que adopte, «sin mayor dilación», las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España, «independientemente de su situación administrativa».

Este documento, firmado por un total de 36 asociaciones y entidades tan diversos como Medicus Mundi, la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA) o la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), tiene como título Es hora de la sanidad universal , y comienza recordando el compromiso expresado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la moción de censura en el Congreso sobre su intención de «retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en España que fueron excluidas de ella».

En este sentido, también aplauden el «compromiso» con la necesidad de garantizar una sanidad pública y universal que mostró Montón en su papel como consejera en la Comunidad Valenciana, por lo que «dan la bienvenida» a este cambio de enfoque del Ejecutivo, que en su opinión recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja, a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.

Asimismo, las organizaciones exigen al nuevo Gobierno que aproveche el resto de legislatura para «recapitalizar el Sistema Nacional de Salud (SNS) garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia».

A su juicio, el nuevo Ejecutivo, junto con los partidos que han respaldado su investidura, tiene «la puerta abierta a un nuevo contexto político». Así, confían en que tanto el nuevo Gobierno como los grupos parlamentarios de aquellos partidos que suscribieron el Pacto Político y Social «colaboren para devolver la dignidad al sistema sanitario».

SEIS AÑOS DE «DEVASTADORES EFECTOS» DEL RDL 16/2012

Las entidades también han aprovechado su manifiesto para realizar un recorrido por los seis años desde la aprobación del Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012, que «ha explusado a cientos de miles de personas del SNS». «Desde entonces la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar», señalan.

«A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las comunidades autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos», lamentan.

Así, consideran que la exclusión sanitaria es una «medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos».

Además, según critican, la adopción del RDL «no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema», pues «según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales». Igualmente, consideran que un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es «menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas».

Por último, creen que «no se puede obviar» que el RDL «forma parte del marco de las políticas de austeridad que han supuesto un importante debilitamiento del sistema público de salud».»La importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han minado sensiblemente la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social», aseguran.