La UDEF registra sedes de la Generalitat y la Diputación de Barcelona por una trama de corrupción en subvenciones
La operación Estela es fruto de dos años de investigación y está dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves una operación que busca en varias sedes de la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona pruebas de una trama de corrupción que desvió subvenciones destinadas a proyectos en países en desarrollo, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
La operación, bautizada como Estela , está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona. El operativo permanece abierto y ha contado con refuerzos de agentes desplazados desde Madrid, que se han desplegado en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona.
Según las citadas fuentes, la operación es el resultado de dos años de investigación de agentes de la UDEF. Se prevé que se practiquen detenciones por la comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.
Los agentes desplegados procederán a diferentes registros, entre ellos en sedes de la Generalitat y en la Diputación de Barcelona, así como en distintas empresas catalanas y entidades sin ánimo de lucro.
La Diputación de Barcelona está presidida por Mercè Conesa y ya fue puesta bajo el foco policial por un supuesto fraude de subvenciones. La CUP denunció hace dos años que desde este organismo se habían concedido ayudas para la cooperación al desarrollo a través de contratos opacos.
La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior y otros aspectos del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont, el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo.
Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva, uno de los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.
