El Parlamento pide que Intervención audite los contratos del SCS pero el PP se opone a que sea desde 2011

La propuesta del PP sale adelante con la única abstención de Podemos

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por amplia mayoría una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a encargar a la Intervención General una auditoría sobre los contratos del Servicio Cántabro de Salud de los años 2016 y 2017.

Podemos y el PSOE han pedido vía enmienda que la auditoría se realice desde 2011-2012, es decir, que incluya también la gestión del PP, pero este partido se ha opuesto, lo que ha motivado la abstención de Podemos.

El resto de los grupos han apoyado la resolución, incluido el PSOE, que en previsión de que el PP pudiera rechazar su enmienda, ha presentado una proposición no de ley pidiendo una auditoría de los contratos del SCS que incluya la legislatura 2011-2015, en la que fue consejera de Sanidad la actual presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga.

El diputado del PP Iñigo Fernández, que sí ha aceptado una segunda enmienda de Podemos para remitir a la Fiscalía los contratos analizados en la auditoría, ha dicho que la sanidad cántabra esta «bajo sospecha» desde hace un mes porque la consejera, Luisa Real, optó por ocultar la denuncia que recibió vía correo electrónico de la jefa de Contratación del SCS y «puso en marcha una maniobra para provocar el descabezamiento de la Intervención» e impedir así que «quien puede investigarlo lo haga».

Ha recordado que el asunto está en la Fiscalía -a raíz de sendas denuncias de IU y el PP- por irregularidades que podrían constituir delitos de falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y usurpación de funciones de un funcionario público, relacionados con el «arrinconamiento de los funcionarios para que asesores externos abusen del contrato menor pidiendo ofertas a las mismas empresas».

Sobre la negativa a «ampliar el rango» de la auditoría e incluir la etapa del PP, como pedían Podemos y el PSOE, Fernández ha dicho que esos contratos ya han pasado por el control de la Intervención y el Tribunal de Cuentas; y que la razón de ser de su propuesta es «romper el bloqueo del Gobierno para investigar lo que está ocurriendo hoy». «No nos oponemos a que se investigue nada», ha dicho, para añadir que «nada le impide al Gobierno abrir mañana una investigación sobre la gestión entre 2011 y 2015».

DENUNCIA «PARCIAL Y SECTARIA»

El portavoz socialista, Víctor Casal, ha replicado que la denuncia del PP es «parcial, interesada y sectaria», ha lamentado que Podemos haya retirado la petición de comparecencia de la funcionaria denunciante y ha subrayado que las prácticas en las que el PP ve ahora irregularidades, eran «habituales» cuando gobernaba ese partido. Lo mismo ha dicho la regionalista Rosa Valdés, quien se ha preguntado «de qué tiene miedo el PP».

A la vez, la parlamentaria del PRC ha afirmado que los populares han utilizado el correo electrónico de la jefa de Contratación para «orquestar este presunto escándalo para desprestigiar al SCS ahora que no está bajo su responsabilidad», y ha mostrado el «absoluto respeto» del PRC al expediente informativo en trámite y sus conclusiones, al trabajo de los funcionarios encargados, a la funcionaria denunciante y a las explicaciones dadas por la consejera y los altos cargos del SCS.

También el diputado de Podemos Alberto Bolado ha reprochado al PP que quiera que se auditen «sólo los años que le conviene». Con carácter general, ha comentado que las irregularidades denunciadas «son extremadamente graves y deben ser investigadas a fondo», a la vez que ha considerado «inaceptable» la reacción del Gobierno, que se ha «limitado» a cumplir la ley abriendo un expediente informativo, y ha pedido que no se persiga a la funcionaria denunciante.

Sobre ese extremo se ha pronunciado también el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, que ha criticado que la denuncia de la jefa de Contratación por un presunto caso de corrupción «se quede dos meses escondida en un cajón» y cuando sale a la luz los altos cargos del SCS anuncien una demanda contra ella.

El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio ha añadido que «a todos nos debería interesar que se aclare un adunto que, se confirmarse es de suma gravedad».