Expertos defienden una Hacienda única y denuncian «tratamiento desigual» según el origen de los ciudadanos

GRANADA, 18

Más de 35 catedráticos de derecho financiero y tributario de universidades españolas afirman que la Administración Tributaria española contempla a los contribuyentes como «súbditos» en vez de como ciudadanos, al tiempo que defienden una Hacienda pública única. Esta es una de las conclusiones contenidas en la que han llamado Declaración de Granada , tras una reunión mantenida este viernes en esta ciudad.

A modo de ejemplo, señalan que se «ha diluido la figura del contribuyente», sustituida por la «más ambigua» de «obligado tributario» en la mayor parte de las normas que rigen la aplicación de los tributos.

«Estamos muy lejos de los tiempos en los que era la Administración quien formulaba las correspondientes liquidaciones tributarias, sobre la base de los datos aportados por el contribuyente. Nada de ello ocurre hoy, pues sólo es éste último quien debe cumplimentar todos los papeles -cada día más- que se le exigen, y el auxilio administrativo sólo aparece cuando se incoa un procedimiento sancionador».

Así, denuncian que tampoco se respeta el principio de igualdad, entendido como la necesidad de que «todos» los españoles deban tributar, al menos de modo similar, cualquiera que fuere el territorio donde residan. Sobre este particular, llaman la atención sobre el «tratamiento desigual conferido a todos los ciudadanos españoles atendiendo al origen de sus rentas».

Y añaden que existen diferencias en la imposición directa por razón de la residencia dentro del territorio de nuestro país. «Estas diferencias de tributación en algunos casos son muy importantes, hasta el punto de que podría hablarse de la existencia de una cierta cantonalización tributaria en España», señalan y apuntan que se justifica esa desigualdad manifiesta por la diversidad de ordenamientos jurídicos que, «a su decir, es consustancial con el Estado de las Autonomías».

A juicio de estos catedráticos, el ciudadano no comprende la existencia de tratamientos «tan desiguales» en el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas por razón del territorio dentro de un mismo Estado. Denuncian «la ruptura de la unidad de la Hacienda Pública» y consideran que «el Estado debe ejercer de forma activa su competencia exclusiva de armonización y regulación de la Hacienda General».

«QUIEBRA» DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

Asimismo, sostienen que se ha producido la quiebra del principio de solidaridad. Por ello, creen injustificado «el olvido del principio constitucional que exige la coordinación de las Haciendas autonómicas con la Hacienda estatal confinado en el desván de lo que pudo y debió ser y no fue». Por ello, señalan «hoy día, más que de corresponsabilidad tributaria entre las distintas Haciendas Públicas, podría hablarse de insolidaridad tributaria».

«Y mientras tanto, el Fondo de Compensación, que debería servir para corregir los desequilibrios económicos territoriales y hacer efectivo, precisamente, el principio de solidaridad interterritorial, duerme el sueño de los justos», apuntan en su texto.

Como resumen, enfatizan que estamos ante «una profunda crisis del principio de justicia financiera, principio que constituye la columna vertebral de este ordenamiento jurídico sectorial y que, en consecuencia, se proyecta tanto en el ámbito del ingreso como en el del gasto público».

«PÉRDIDA DE CENTRALIDAD» DE LOS PGE

En cuanto al gasto público, muestran su preocupación «por el deterioro del papel esencial tradicionalmente reconocido a las Cortes Generales» y resaltan que ha habido una «pérdida de centralidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado».

Critican también la aceptación del voto afirmativo en los PGE a cambio de «determinadas concesiones» a quien emite su parecer positivo, así como que «la asunción resignada de la prórroga presupuestaria como procedimiento ordinario del ordenamiento del gasto, constituyen fenómenos que, desgraciadamente, parecen formar parte de la normalidad». Indican que se ha acentuado de tal modo en los últimos años que «han convertido lo que era el acto más importante de la vida parlamentaria en una caricatura».

La ausencia de un control jurídico sobre los gastos públicos está, a su entender, propiciando «el despilfarro y las inversiones totalmente improductivas, económica y socialmente, que vienen a satisfacer intereses y caprichos individuales y no necesidades colectivas, con abandono de otras aplicaciones del gasto más conformes con la justicia constitucional».

Concluyen que «la quiebra del principio de legalidad, el olvido de la función de la Ley y del papel de las Cortes Generales en un Estado de Derecho, y el consiguiente deterioro del principio de seguridad jurídica, se han erigido en cauces por los que han fluido, torrenciales, las aguas que se han llevado consigo la igualdad de los españoles ante la Ley fiscal, la aspiración a hacer realidad la solidaridad entre todos los españoles y, en definitiva, la quiebra del principio de justicia financiera».

Por otro lado, rechazan el fraude en materia tributaria en todas sus formas, pero resaltan que el «afán recaudatorio» parece haberse convertido en el único objetivo del comportamiento de los órganos tributarios, con olvido de los derechos y garantías individuales».

Entre los catedráticos que firman la citada declaración se encuentran Matías Cortés Domínguez, Álvaro Rodríguez Bereijo, José María Martín Delgado, Juan Martín Queralt, José Manuel Tejerizo López y Fernando Pérez-Royo.

Este grupo de catedráticos, ha realizado un «especial reconocimiento» al jurista Matías Cortés cuando se cumplen 50 años de la publicación de su libro Ordenamiento tributario español , «el primero en nuestro país en tratar dicha materia», resaltan.