El Tribunal de Cuentas alerta de que el Comisionado de Marca España carece de normativa legal, fondos y medios
El Tribunal de Cuentas ha alertado de que el Alto Comisionado de la Marca España, creado en 2012 siendo ministro José Manual García Margallo, todavía carece de desarrollo normativo, su financiación es «prácticamente inexistente», presenta una evidente falta de medios que le impide realizar su labor y no comprueba el cumplimiento de los convenios que suscribe.
El Alto Comisionado de la Marca España, que tiene rango de secretario de Estado pero sus funciones no son retribuidas, depende funcionalmente del presidente del Gobierno y orgánicamente del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Su objetivo es la mejora de la imagen exterior de España, así como la planificación, el impulso, coordinación y seguimiento de la acción exterior española, pública y privada, en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico, encaminada a la promoción de dicha imagen.
En su informe, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas examina los primeros años de funcionamientos del Comisionado (2012-2016) y su primera conclusión es que, pese al tiempo transcurrido, «existe un insuficiente desarrollo normativo del ejercicio de sus funciones».
Más allá del decrete de su creación, que ha sido modificado recientemente, la oficina del Alto Comisionado «no cuenta con ninguna norma que regule su funcionamiento» y tampoco tiene reguladas sus relaciones con los embajadores Marca España (selección, obligaciones, código de conducta), ni los criterios establecidos para relacionarse con las empresas colaboradoras.
EXTERIORES SIGUE EJERCIENDO PARTE DE SUS FUNCIONES
Algunas de sus funciones ya eran parcialmente asumidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que no ha dejado de tenerlas atribuidas. Y la gran mayoría de las líneas de actuación previstas en sus planes estratégicos no depende de la acción del Comisionado, ni en su planificación ni en su impulso ni en su consecución.
El Tribunal de Cuentas también ha advertido de que en la web del Alto Comisionado no se han publicado las informaciones que exige la Ley de Transparencia, salvo el currículo del actual titular del organismo, Carlos Espinosa de los Monteros.
Igualmente, denuncia que el proyecto Marca España se ha concebido como una política de Estado, en su sentido más amplio, incluyendo a todas la Administraciones, al sector privado y a la sociedad civil, «y sin embargo su financiación es prácticamente inexistente».
«La falta de medios ya ha sido puesta de manifiesto por la Oficina del Alto Comisionado en diversos momentos, advirtiendo de que la falta de presupuesto impide el desarrollo de actividades dirigidas al cumplimiento de su misión y compromete el éxito del proyecto para el futuro», añade.
NO COMPRUEBA SI SE CUMPLEN LOS CONVENIOS
Aunque tiene competencia para suscribir convenios, la institución fiscalizadora ha detectado que el Comisionado ha hecho un seguimiento «defectuoso» de los acuerdos firmados, hasta el punto de que en algunos casos se ha impedido «comprobar la realidad de las actividades». «En ocasiones los pactos se han acordado de manera verbal, sin formalización de documento escrito alguno, lo cual no se ajusta a las leyes administrativas de procedimiento y transparencia, e impide cualquier revisión o control posterior», añade.
Así las cosas, el Tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda recomienda al Gobierno «desarrollar el adecuado marco normativo para el ejercicio de las funciones del Alto Comisionado y la actividad del proyecto Marca España, tanto en el ámbito contractual, patrimonial como operativo».
También pide para la oficina «los medios humanos y materiales necesarios a las unidades encargadas de llevar a cabo el Proyecto Marca España a fin de que puedan cumplir ordenadamente sus objetivos», así como «la adopción de medidas para mejorar el sistema de seguimiento de la ejecución y control de los acuerdos y convenios suscritos».
