El Gobierno ultima una ley para poder modificar planes urbanísticos cuestionados en los tribunales
El Ministerio de Fomento ultima un anteproyecto de ley para permitir que las administraciones territoriales puedan modificar planes urbanísticos y territoriales que hayan sido cuestionados por tribunales de Justicia, y evitar así que, en determinados supuestos, una sentencia judicial tumbe estos planes.
Así lo ha comunicado el ministro Íñigo de la Serna durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso, a la que ha acudido este lunes para informar del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y del desarrollo del sector civil de los drones.
Según ha comentado De la Serna, la anulación de los planes territoriales y urbanísticos en España «se declara sin matices y sin posibilidad de subsanación de las deficiencias», que han causado esta anulación, en una «rotunda y desproporcionada conclusión», a juicio del ministro, como consecuencia de considerar estos planes como reglamentos.
SUPUESTOS DE NULIDAD Y ANULABILIDAD
«La anulidad absoluta e imposibilidad de subsanación no debería aplicarse sin más a las anulaciones formales, que son resoluciones administrativas, o a vicios formales», ha apostillado, explicando que la modificación que prepara el Gobierno permite «distinguir entre los supuestos de nulidad y de anulabilidad».
Estos supuestos de anulabilidad permitirán la convalidación del plan una vez se corrijan las deficiencias detectadas por la Justicia, para lo cual el Gobierno modificará la naturaleza de los instrumentos de ordenación y los efectos que tiene su anulación, así como la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa «para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas».
El ministro ha señalado que la iniciativa viene a dar respuesta a una reforma «que vienen demandando las comunidades autónomas» así como de «magistrados conscientes del problema que supone» esta realidad, ante la que algunas administraciones autonómicas «han aprobado medidas parciales y provisionales que tratan aportar cierta seguridad jurídica».
En este sentido, ha expresado ante los grupos políticos la voluntad del Gobierno –el proyecto de ley es una iniciativa conjunta de Fomento y Justicia, ha dicho– de «intentar consensuar un documento» que pueda ser tramitado en el Congreso y debatido en la Conferencia Sectorial de Vivienda.
