Unidos Podemos busca un atajo para debatir en el Congreso su ley de pensiones vetada por el Gobierno

MADRID, 15

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere que el Congreso debata su ley de pensiones vetada por el Gobierno y, ante la imposibilidad de defender la iniciativa legislativa, ha registrado en la Cámara Baja una proposición no de ley con su propuesta de modificación para el sistema público de pensiones.

La iniciativa, firmada por la diputada de En Marea Yolanda Díaz, refleja las modificaciones legales que demanda la coalición de izquierdas para volver a vincular las pensiones al Índice de Precios de Consumo (IPC) y derogar el factor de sostenibilidad.

Si bien la aprobación de esta medida no implicaría cambio legal alguno, al menos buscan permitir el debate de las propuestas concretas de Unidos Podemos para cambiar la Ley General de la Seguridad Social, obligando a los grupos a posicionarse y evaluando los apoyos con los que contaría dicha modificación.

LO QUE COSTARÍA APLICARLO, SEGÚN EL GOBIERNO

Todo ello tras el veto impuesto por el Gobierno a la proposición de ley registrada este mes de enero por la coalición de izquierdas, que posteriormente fue ratificado en la Mesa de la Cámara Baja gracias a la mayoría que ostentan PP y Ciudadanos en este órgano.

El Gobierno había vetado la tramitación de la proposición de ley alegando que su puesta en marcha supondría un gasto de 2.175,6 millones sólo en 2018, en virtud del artículo 134.6 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo capacidad para bloquear iniciativas que considera que alteran su política presupuestaria por suponer aumento de gato o disminución de ingresos.

Tras confirmar el veto, el grupo confederal presentó un escrito ante la Mesa solicitando la reconsideración del mismo y que así la norma pudiera debatirse en el Congreso. Esta misma semana la Mesa del Congreso rechazó tal solicitud.

PENSIONES AL IPC Y FINANCIACIÓN SUFICIENTE CONTRA EL DÉFICIT

La principal reivindicación contenida en la iniciativa es la recuperación de la inflación para revalorizar las pensiones de naturaleza contributiva de la Seguridad Social conforme a la inflación, abriendo la posibilidad de una compensación en caso de que se produjera un desfase entre la inflación calculada y la registrada.

Asimismo, también abre la posibilidad de tener en cuenta otros factores para fijar el índice de revalorización, como la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y «la coyuntura económica general».

Por otro lado, la proposición no de ley reclama reconocer el derecho a percibir a una paga a toda persona pensionista «afectada por la entrada en vigor de la Ley del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones» de 2013.

La modificación legislativa propuesta por Unidos Podemos también se refiere a los recursos que financian la Seguridad Social, incluyendo, además de cuotas de personas obligadas, recargos, sanciones o intereses, cualquier otro ingreso y «aportaciones progresivas del Estado» con cargo a los Presupuestos con el fin de «hacer frente al déficit que se produzca cuando los recursos contemplados sean insuficientes».

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