Plataforma en Defensa del Sur exige responsabilidades por el «caos» derivado de la «falta de política energética»

La Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria pide a los grupos del Parlamento de Cantabria exigir «responsabilidades» al Gobierno regional y, en especial al presidente «vitalicio», Miguel Ángel Revilla, y al consejero de Industria, Francisco Martín, por el «insoportable caos derivado de la falta de política energética».

Su presidente, José Miguel Martínez Postigo, y el abogado y socio de la entidad, Fernando Merodio, así lo han reclamado este jueves en una rueda de prensa tras haber registrado en el Parlamento un escrito para pedir una reunión conjunta con todos los grupos para abordar el asunto.

Martínez Postigo ha indicado que, al estar ahora en un «momento decisivo» para la transición energética, es «necesario un debate sereno» sobre «el modelo que queremos» antes de plantearse la instalación de «megainfraestructuras energéticas innecesarias» que «malgastan nuestro dinero» y «dañan nuestro territorio».

Por ello, la Plataforma ha pedido una reunión «urgente» con todos los grupos parlamentarios de Cantabria tanto para abordar ese futuro modelo como para analizar lo sucedido hasta ahora en la comunidad autónoma, donde se ha habido a lo largo de estos años «todo tipo de improvisaciones y actitudes en favor de las grandes eléctricas» y por lo que se deben exigir «responsabilidades políticas».

Para Merodio, esas responsabilidades recaen directamente sobre dos «señores», el presidente «vitalicio» de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha estado «presente en todas estas catástrofes pero se dedica a ir a televisión a decir cómo hay que arreglar el mundo», y el actual consejero de Industria con el PRC y años antes titular de Medio Ambiente con el PSOE, Francisco Martín, que es «el responsable de la catástrofe energética» en la región.

A ellos especialmente, pero a los miembros del Gobierno regional en su conjunto, les ha tachado de «ineptos corruptos», no por «llevarse dinero» sino por «gestionar mal lo público y perjudicar a los ciudadanos», algo que por lo que ha considerado que «ha llegado la hora de exigir responsabilidades».

«INSOPORTABLE CASOS» CON ACTUACIONES «AISLADAS»

Y exigirlas, ha dicho, por el daño causado por el «insoportable caos derivado de la falta de política energética» que, a lo largo de los años, ha hecho que se hayan hecho «actuaciones aisladas y desordenadas» y que, además, debido a «su ineptitud», han sido «incapaces de adecuarlas a la ley» lo que ha llevado a que «un grupo tan pequeño como el nuestro les haya paralizado todas las actuaciones».

Esta denuncia que realiza la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria se recoge en el escrito que han presentado a PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos en el Parlamento, así como a la Mesa de la Cámara, y en el que, según ha detallado el abogado Fernando Merodio, se detallan las «chapuzas de importancia» que se han dado en los últimos años.

Así, se refieren a la línea de 400 kV Soto Ribera-Penagos-Güenes-Itxaso que «hace más de 30 años decían que era imprescindible para evitar el apagón eléctrico y que no se usa para nada»; y también critican el concurso eólico que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y después confirmó el Tribunal Supremo y con el que se iba a «destrozar nuestro paisaje» para «beneficiar a las grandes empresas eléctricas».

Asimismo, la Plataforma habla en su escrito de los parques eólicos que trataron de promover las eléctricas tras anularse el concurso y de los que «no se ha aprobado ni uno y hasta Medio Ambiente ha tenido que decir a MartÍn, que es un lobbista de las eléctricas, que como lo están haciendo es ilegal».

Y después de eso, según ha dicho Merodio en referencia a lo recogido en el escrito, «han pasado cosas peores y más llamativas» como que el propio Gobierno «ha empezado a desistir de cosas que tenían aprobado o en marcha» en lugares como Mataporquera, Valdeolea, Valdeprado del Río…

En estas zonas, ha señalado iban a hacer proyectos de líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas que, tras los recursos presentados por la Plataforma, han desistido de llevarlos a cabo pero «aquí no pasa nada, nadie les exige responsabilidades».

«EL PROT HA DESAPARECIDO»

En el escrito también se hace referencia a los permisos de investigación de fracking y al Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que, aunque tenía que haber estado aprobado en 2002 según la Ley del Suelo, se ha empezado a trabajar en él en 2016 y se ha hecho con «un simulacro de participación».

«Han elaborado una cosa que no valía para nada y al final le han metido tres añadidos de una zonificación eólica, una zonificación de grandes infraestructuras industriales y una modificación de la normativa para la implantación de viviendas en suelo rústico, no urbanizable», ha señalado el abogado, que ha dicho que esto no se ha incluido hasta poco antes de tratar de llevar el PROT a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

Ante ello, ha señalado que la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria presentó un escrito tanto a la Consejería como a la CROTU advirtiendo de que eso era «absolutamente ilegal» y fue sacado del orden del día de la reunión de la Comisión de finales de enero y ya no se ha sabido nada». «Estamos en abril y el PROT ha desaparecido», ha añadido Merodio, que considera esta situación una muestra más de «la ineptitud» del Gobierno regional.