Zoido apremia a proponer un candidato que cumpla las condiciones legales para que se recupere la normalidad en Cataluña

SEVILLA, 24

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado este sábado que para recuperar cuanto antes la normalidad institucional, social y económica en Cataluña debería proponerse como candidato a la Generalitat «a una persona que reúna todas las características desde el punto de vista de las condiciones legales para que pueda obtener la investidura».

Así se ha pronunciado Zoido, en Sevilla, en declaraciones a los periodistas en la inauguración del Centro de Gestión del Tráfico del Suroeste de la DGT, donde ha estado acompañado por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano.

«Lo verdaderamente importante es que se recupere la normalidad institucional, social y económica en Cataluña», ha abundado antes de reclamar que el candidato que se proponga «no tenga ningún condicionante judicial ni esté sometido a ninguna investigación o, como ocurrió ayer –con el candidato a la Presidencia, Jordi Turull (JxCat), enviado a prisión– esté condicionado por autos de procesamiento aunque todavía no sean firmes».

Y es que, como ha sostenido Zoido, «la estabilidad de toda España y, por tanto, de Cataluña, se vería reforzada si fuera investida una persona que no presente ningún problema y consigue la mayoría del Parlamento, para que se constituya el gobierno y se deje de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que estará en vigor hasta que no se constituya un gobierno que reúna todas las características de legalidad».

PLENO SIN VOTACIÓN

Entretanto, y ante el hecho de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya decidido suspender el pleno de investidura de Turull de este sábado «ante la excepcionalidad» de la situación política, aunque antes haya dado la palabra a los grupos para que puedan manifestarse, Zoido le ha pedido que se ajuste «al contenido de la funciones que tiene que hacer un presidente del Parlament», de modo que se someta a las normas del Reglamento de la Cámara y al contenido del Estatuto de Cataluña.

«No se puede investir a una persona que no se encuentra presente, que no puede debatir, es el momento de recuperar cuanto antes la estabilidad institucional, de ahí que, sino se puede hacer, lo mejor sería suspender el Pleno y no empezar nuevamente con tomas de decisiones que vengan a complicar todavía más este complejo escenario», ha agregado.

De este modo, Zoido ha insistido en la necesidad de recuperar la normalidad: «Será lo mejor para todos los catalanes y que sirvamos para que la fractura generada en la sociedad catalana por las decisiones de Puigdemont, cuanto antes puedan ser parte del pasado y podamos mirar todos juntos al futuro, como se ha venido haciendo en los últimos 40 años».

Y así, ha garantizado que el Gobierno central continuará actuando ante las decisiones que se adopten «con el cumplimiento escrupuloso de la ley». «Si se tomara alguna decisión en contra de la legislación, que no quepa duda que el Gobierno de España actuará con la prudencia pero, al mismo tiempo, con la misma firmeza que hemos venido actuando ante este movimiento secesionsita que desgraciadamente Puigdemont ha amparado con una serie de personas en los últimos meses», ha sostenido

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

En cuanto a la decisión del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena de procesar por delitos de rebelión a Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, al candidato Jordi Turull, a la expresidenta de Parlament Carme Forcadell, a la número 2 de ERC Marta Rovira y a otros seis exconsejeros, además de a los exresponsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y Ömnium Cultural Jordi Cuixart; Zoido ha recalcado que esto es consecuencia de «haber incumplido la Ley».

Ha asegurado que en España «no se persigue ninguna ideología, sino que se persiguen los hechos delictivos, por tanto nadie está por un determinado pensamiento político en prisión, lo está por haber cometido una serie de hechos delictivos y por decisión de la autoridad judicial». «No es más que la consecuencia de cometer hechos muy graves tipificados en el Código Penal», ha apostillado.

De otro lado, y preguntado por la decisión de Llarena de dictar una orden de extradición contra Puigdemont, el ministro del Interior ha explicado que su departamento trabaja para «dar cumplimiento a la decisión y orden judicial, activando las órdenes que se han emitido» porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «siempre tienen que cumplir las decisiones judiciales».

En este sentido, Zoido ha hecho hincapié en que en España vivimos en un Estado de Derecho y que el Estado de Derecho supone une la división de poderes «y, por tanto, el sometimiento en los temas judiciales al poder judicial y también a la obligatoriedad en el cumplimiento de las decisiones que emanan del poder judicial».

Tras rehusar a dar detalles de dónde está el expresident ni sobre qué se va a hacer por parte de Interior, el titular ha insistido en que la Policía «tiene activadas» las instrucciones dictadas en el TS y dará cumplimiento al contenido de las mismas.