La Comunidad impulsará un anteproyecto de Ley para que los sanitarios tengan rango de autoridad pública
La Comunidad de Madrid ha lanzado una consulta pública para recabar la opinión de diversos agentes implicados y asociaciones representativas para elaborar el anteproyecto de Ley de Autoridad de los Profesionales del Servicio Madrileño de Salud, que permitirá a estos profesionales tener rango de autoridad pública.
Para ello, según se recogen en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, se pone a disposición de los posibles destinatarios los documentos que se consideran necesarios para que puedan emitir su opinión y hacer propuestas de mejora.
La Comunidad de Madrid expone que las agresiones contra los profesionales sanitarios «han pasado, en muy pocos años, de ser algo anecdótico a un problema de muy seria entidad» y para ello cita los datos del Observatorio de la Organización Médica Colegial relativos a 2016 y que apuntan a que en 2016 alcanzaron el máximo histórico de 495 facultativos agredidos, un 37,1 por ciento más que el año anterior.
También alude a los datos publicados por el Consejo General de Enfermería, incluidos en su último informe consistente en 600 encuestas a enfermeros y fechado a finales de noviembre de 2016, el 33 por ciento de los profesionales de enfermería en España dijo haber sufrido algún tipo de agresión durante 2016, siendo un 3,7 por ciento los que lo han sido físicamente, lo que equivale a un total de 2.928 enfermeros agredidos en el último año.
«El simple hecho de proporcionar una información diferente a la que el paciente o su familia quiere oír; la negativa a certificar una baja o a prescribir un determinado medicamento; la frustración de no ver satisfechas sus expectativas de atención del personal sanitario en cuanto a tiempos y pruebas diagnósticas; o la no aceptación por parte del personal sanitario de demandas específicas de los pacientes, pueden ser el desencadenante de una conducta agresiva. En ningún caso estas agresiones pueden tener justificación y dejan secuelas en los profesionales que las sufren en términos de bajas laborales, cambios depuesto de trabajo por miedo, angustia o ansiedad en el día a día», recoge el texto.
Por ello, considera que el otorgar la cualidad de autoridad al personal sanitario constituiría un elemento disuasorio nada despreciable que «contribuiría aún más a la erradicación de esas perniciosas conductas», pues el atentado contra autoridad pública son castigados con pena de prisión.
En consecuencia, el objetivo de dicha Ley sería establecer la consideración de autoridad pública a los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, para que gocen de la protección reconocida a tal efecto por la legislación vigente.
«Los poderes públicos han de responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas en el ámbito de nuestro sistema sanitario público, así como de mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro sanitario», recoge la resolución de la Comunidad de Madrid.
La aprobación de esta Ley supondría «reconocer y apoyar su labor, reforzar su autoridad y proporcionarles la protección y el respeto que les son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades».
También detalla que las posibles agresiones físicas o verbales a los profesiones, a efectos de un procedimiento administrativo sancionador, esta condición les «permitiría gozar de presunción de veracidad y valor probatorio a las manifestaciones o testimonios vertidos en sus informes y declaraciones y ostentarían una especial protección».
A la par, se fomentaría la sensibilización, prevención y resolución de conflictos entre profesionales y pacientes. Se trata de un anteproyecto de ley que busca brindar a los sanitarios como ya lo están los profesores en la Comunidad, con la Ley de Autoridad del Profesor que aprobó el Gobierno de la Comunidad con Esperanza Aguirre en 2010.
