Nace la plataforma Crida per la Llibertat para defender a los políticos «presos y exiliados»

Se declara heredera de la Crida de los años 80 en que participó Jordi Sànchez (JxCat)

BARCELONA, 13

Entidades, colectivos y personas a título individual han lanzado la plataforma Crida per la Llibertat para pedir la liberación de los «políticos presos», «el retorno de los miembros del Govern exiliados» y la implementación de la república catalana.

La iniciativa es heredera de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura y la Nació Catalanes (la Crida), el movimiento catalanista surgido en los años 80 para defender la normalización del catalán y que contó entre sus líderes con el actual candidato a la investidura y expresidente de la ANC Jordi Sànchez; el exlíder de ERC Àngel Colom, y el hoy líder de la CUP en el Parlament, Carles Riera.

Aquel movimiento se relanza ahora con el mismo espíritu «de paz, para denunciar la represión política del Estado» y poner en marcha iniciativas a favor de los soberanistas encausados y presos, entre los que precisamente se encuentra Jordi Sànchez.

MANIFIESTO

La Crida actual se presentará este miércoles en rueda de prensa y también en un acto público el domingo a las 12 en el Ateneu Barcelonès, donde se defenderá un extenso manifiesto con sus principios.

Destaca la reivindicación de la soberanía del pueblo catalán, de la no violencia y de la «riqueza» que supone la diversidad de la sociedad catalana.

El manifiesto también muestra la preocupación por un «retroceso en la libertad de expresión» del Estado, que la plataforma ve reflejado en el «cierre de webs, registros de medios de comunicación, apertura de correspondencia y citaciones a profesores y periodistas».

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN POR EL 1-O

Además, el documento reclama una comisión de investigación que permita depurar responsabilidades «por la represión policial» del referéndum del 1 de octubre, y hace un llamamiento nacional e internacional para que se configure una red de observadores permanentes que vele por la defensa de los derechos humanos de los encausados.

«Desde el Estado se está dibujando un relato oficial descalificador que, en vez de debatir con argumentos, pretende presentar cualquier forma de protesta como violenta y así frenar la libertad de comunicación», reivindica.

Otro punto del manifiesto alerta de «graves déficits democráticos que mantienen a líderes sociales y políticos en prisión preventiva o en el exilio, con duras acusaciones de rebelión y sedición» que conllevan la pena máxima del Código Penal.

«También denunciamos que la creciente judicialización de la política está comportando una causa general que mantiene casos abiertos» a más de 700 alcaldes y electos, «con una represión cada vez más intensa», añade.

Además, censura la intervención de las instituciones de autogobierno catalán a través del artículo 155 de la Constitución y que el Estado intente «obstaculizar la actividad parlamentaria de personas que han sido elegidas por la ciudadanía, vulnerando los derechos políticos».

El documento censura la «impunidad con la que grupos fascistas y racistas llevan a cabo episodios violentos mientras se reprimen, judicializan y castigan voces críticas que se oponen a los abusos de poder».