En Comú pregunta al Gobierno por qué no ha tenido un momento en 15 meses para publicar el patrimonio de sus ministros

Tras un informe del Tribunal de Cuentas, el Parlamento pidió a Hacienda comprobaciones aleatorias de los datos de los altos cargos

En Comú Podem ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy, pese a tomar posesión en noviembre de 2016, sigue sin publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las declaraciones de bienes y patrimonio de sus ministros y secretarios de Estado: «¿No ha encontrado un momento en 15 meses para hacerlo?», pregunta el portavoz adjunto de la confluencia catalana de Unidos Podemos, Josep Vendrell.

Fue una ley del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la que implantó en 2006 la obligación de publicar en el BOE esas declaraciones de bienes de los miembros del Ejecutivo.

Los altos cargos deben presentar una declaración de bienes y patrimonio en los tres meses siguientes a su toma de posesión y se fijó que, antes de finales de septiembre, debían publicarse en el BOE las de los ministros y secretarios de Estado nombrados o cesados entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del presente.

Con la Ley de Transparencia, el Ejecutivo del PP amplió el listado de cargos que deben publicar las declaraciones de bienes, incluyendo a embajadores, subsecretarios y otros. Así se hizo en septiembre de 2014, la última vez que se cumplió con este trámite.

Y es que la Ley de 2015 reguladora del ejercicio del Alto Cargo derogó el decreto que fijaba en septiembre el momento de la publicación en el BOE y dejó todo pendiente de un reglamento que nunca llegó a ver la luz.

¿LO CONSIDERA «UN TEMA MENOR»?

Así las cosas, el portavoz adjunto de En Comú en el Congreso, Josep Vendrell, ha constatado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tomó posesión del cargo el 4 de noviembre de 2016 y que desde entonces no ha hecho público los bienes de sus ministros, ni de sus secretarios de Estado, ni del resto de altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de derecho público o privado.

Por ello, Vendrell ha registrado en la Cámara Baja una batería de preguntas pidiendo explicaciones al Ejecutivo sobre este extremo. Así, el diputado catalán quiere saber los motivos por los que el Gobierno «no ha encontrado un momento» en 15 meses para cumplir con lo establecido en la ley.

«¿Considera que la transparencia, especialmente en la regulación de los conflictos de intereses, es un tema menor que puede ser pospuesto durante 15 meses? ¿En qué plazo tiene intención el Gobierno de cumplir la Ley?», rezan los otros dos interrogantes, a los que ha tenido acceso Europa Press.

LA OFICINA DE CONFLICTOS NO VERIFICA LAS DECLARACIONES

Precisamente, el Tribunal de Cuentas desveló en un informe referido al periodo 2012-2014 que la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y a quien se encomienda la vigilancia de las incompatibilidades, no verifica las declaraciones de los altos cargos, ni tampoco busca posibles omisiones, y que en ese periodo sólo solicitó aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecían en la prensa.

En concreto, el Tribunal criticaba que la mencionada Oficina «se limitó» a gestionar los registros de bienes y actividades de los altos cargos, pero «no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar» la información declarada.

Cuando se conoció este informe, el pasado noviembre, tanto el PSOE como Unidos Podemos plantearon sendas propuestas de resolución pidiendo que la Oficina de Conflictos de Intereses ejerza un mayor control de la veracidad de las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos.

HASTA EL PP PEDÍA MÁS CONTROL

En concreto, los socialistas planteaban que se realicen comprobaciones de las declaraciones de los altos cargos contrastándolas con las antiguas, y que se les requiera a subsanar defectos u omisiones bajo amenaza de abrir un procedimiento sancionador. De su lado, Unidos Podemos sugería «desarrollar todas las facultades» que permite la ley para «verificar e investigar los datos declarados».

Incluso el PP reconoció en otra resolución que la situación debía mejorar al incidir «especialmente» en la conveniencia de realizar «comprobaciones periódicas y aleatorias» para verificar los datos declarados por los altos cargos. Su texto fue el único que se aprobó, ya que su mayoría en la Comisión Mixta pudo derrotar las demandas de la oposición.