El Tribunal de Cuentas fiscalizará la explotación y suspensión de contratos del AVE
Incluye también en su programa 2018 los fondos pagados a agencias de colocación, el canon hidroeléctrico y la contratación en la CNMC
El Tribunal de Cuentas fiscalizará en 2018 la gestión de la explotación de la red de Alta Velocidad en el presente ejercicio y los expedientes de suspensión de contratos en estas líneas ferroviarias entre los años 2014 y 2017.
Así figura en el programa de fiscalización para el año que viene aprobado por del órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda, que también recoge, entre otros, programas para fiscalizar los fondos pagados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las agencias de colocación, la contratación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el canon hidroeléctrico.
En su plan de fiscalización, recogido por Europa Press, el órgano fiscalizador detalla más de un centenar de expedientes, solicitadas por las Cortes Generales y programadas a iniciativa del propio Tribunal.
Referidas a la Alta Velocidad, el Tribunal realizará mutu proprio un informe de fiscalización de la gestión de la explotación de la red de Alta Velocidad durante el ejercicio 2017, mientras que a propuesta de las Cortes analizará los expedientes de suspensión de contratos que han afectado a las líneas férreas de alta velocidad entre 2014 y 2017. Ambos informes se publicarán en 2019.
Para el próximo año, el Tribunal sí prevé la publicación del informe de fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración del ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016, un informe incluido en su programa de 2017.
AGENCIAS DE COLOCACIÓN Y CNMC
Entre los nuevos informes, el Pleno del Tribunal también ha aprobado la fiscalización de la gestión y el control de los fondos públicos pagados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las agencias de colocación durante 2017, que se publicará en 2019.
En 2018 verá la luz la fiscalización de la contratación en la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) entre 2015 y 2017. Un órgano que, en el momento de aprobarse y publicarse este informe, podría ya no existir, ya que el Gobierno proyecta su división en varias entidades independientes de supervisión.
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