El Parlamento pide al Gobierno que haga comprobaciones aleatorias de las declaraciones de intereses de los altos cargos

El PP tumba las propuestas del PSOE y de Unidos Podemos, que pedían un control «más exhaustivo» de los datos

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves una propuesta de resolución del PP con la que se insta a realizar comprobaciones periódicas y aleatorias para verificar los datos que incluyen los altos cargos en sus declaraciones de bienes e intereses.

Se trata de una propuesta del PP, recogida por Europa Press, que recoge las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas sobre indemnizaciones abonadas a directivos de empresas públicas en el periodo de 2012 a 2014.

En dicho informe, el Tribunal de Cuentas desveló que la Oficina de Conflictos de Intereses, que está adscrita al Ministerio de Hacienda y que tiene encomendada la vigilancia de las incompatibilidades, en realidad no verifica las declaraciones de los altos cargos, ni tampoco busca posibles omisiones, y que en ese periodo sólo solicitó aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecían en la prensa.

En concreto, el Tribunal de Cuentas criticaba que la Oficina de Conflictos de Intereses «se limitó» entre 2012 y 2014 a gestionar los registros de bienes y actividades de los altos cargos, pero «no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar» la información declarada.

LOS DATOS NO SE CONTRASTAN

El organismo que vigila las incompatibilidades tampoco utilizó la posibilidad legal que tiene de colaborar con las administraciones tributarias y de la Seguridad Social para comprobar la documentación o detectar posibles omisiones, y ni siquiera tiene establecidos procedimientos para ello. Igualmente, no comparó las declaraciones con las inscritas con anterioridad.

«Únicamente se solicitaron aclaraciones sobre datos o actividades previamente declaradas por los propios altos cargos o sobre noticias aparecidas en prensa. No se realizó comprobación alguna sobre los bienes y actividades de los altos cargos de las entidades fiscalizadas que no declararon actividades ni aparecieron en prensa», añadía el informe.

Además, la institución que dirige Ramón Álvarez de Miranda criticaba que la Oficina no valoró la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporó a la función pública, a un organismo internacional o cuando inició una actividad en una empresa de nueva creación.

De hecho, entre 2012 y 2014 la Oficina no tramitó ni conoció denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la Ley de Conflicto de Intereses, y tampoco inició, instruyó o resolvió expediente sancionador alguno.

ESCASA INFORMACIÓN AL CONGRESO

Y con respecto a los informes que la Oficina envía periódicamente al Congreso, el Tribunal de Cuentas considera que «resultan poco útiles para ofrecer información relevante sobre las actividades y los posibles conflictos de intereses» pese a cumplir con todas las previsiones legales.

En ese contexto, tanto el PSOE como Unidos Podemos presentaron propuestas de resolución pidiendo a la Oficina un «control más exhaustivo» de las declaraciones de los altos cargos.

Pero el voto en contra del PP, unido a la ausencia de parlamentarios de ERC, PNV y PDeCAT, han impedido aprobar estas propuestas. En concreto, el PSOE pedía contrastar las declaraciones de los altos cargos con las antiguas y exigirles subsanar defectos u omisiones bajo amenaza de abrir un procedimiento sancionador. Unidos Podemos, por su parte, llamaba a «desarrollar todas las facultades» que permite la ley para «verificar e investigar los datos declarados».

Lo que ha salido adelante ha sido el paquete de propuestas del PP, más suaves, en las que aboga por realizar «comprobaciones periódicas y aleatorias» para verificar los datos declarados por los altos cargos.

También apuesta por desarrollar procedimientos telemáticos para facilitar a los altos cargos la presentación de estas declaraciones de bienes, así como por fomentar la colaboración con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.