El PSOE reclama hoy en el Congreso la modificació n o liquidació n de la Fundació n del Valle de los Caí dos
Unidos Podemos defiende que Patrimonio Nacional deje de subvencionar órdenes religiosas como la que gestiona la Abadía
El PSOE defenderá este jueves en el Congreso una propuesta para que las Cortes Generales abran la puerta a la liquidación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada en 1957 por un decreto franquista y que gestiona Patrimonio Nacional. Y lo hace siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que sostiene que esta entidad está en una situación de «indudable inviabilidad económica».
En el borrador del informe del Tribunal sobre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional correspondiente a 2013, recogido por Europa Press, el fiscalizador recomendaba directamente al Gobierno «la extinción» de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos debido a su situación económica.
Sin embargo, tras las alegaciones formuladas por Patrimonio Nacional, el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda, rebajó la recomendación y optó por limitarse a aconsejar que se tomaran medidas para esclarecer el régimen jurídico que se le debe aplicar a la fundación, especialmente en el ámbito económico-financiero, así como su modelo de gestión, todo ello sin perder de vista la posibilidad de liquidarla.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS PUSO EN DUDA SU VIABILIDAD
En el informe definitivo aprobado por el Tribunal no se cita ya la «indudable inviabilidad económica» de la fundación que en el borrador se justificaba por la «inexistencia de rentas propias para financiar sus gastos, de infraestructura alguna de gestión, la pérdida de sus fines fundacionales y la falta de adecuación a los mismos de al momento histórico actual y conforme al modelo de estado aconfesional que configura la Constitución».
Tanto en el borrador como en el informe finalmente aprobado por el fiscalizador se alude al artículo 57 del Reglamento de la Ley Reguladora del Patrimonio Nacional, que establece que el protectorado, a propuesta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y previo dictamen del Consejo de Estado, «podrá acordar la modificación, fusión o extinción de los Reales Patronatos cuando así lo exija el mejor cumplimiento de los fines fundacionales, o cuando concurran los supuestos contemplados en el artículo 39 del Código Civil».
Este último artículo fija que si las fundaciones dejan de funcionar «por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente, por haber realizado el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a éste la actividad y los medios de que disponían» se debe dar a sus bienes la aplicación que las leyes, o los estatutos, o las cláusulas fundacionales hubieran previsto.
INFORME ESPECÍFICO DE GASTOS E INGRESOS
En este contexto, el Tribunal señalaba en el borrador de su informe que la eventual extinción de la Fundación Valle de los Caídos debería tener como consecuencia la «reversión de los bienes al Patrimonio del Estado» y la formalización explícita, en su caso, de las relaciones jurídicas y económicas de las comunidades religiosas actualmente beneficiarias (benedictina en el caso del Valle de los Caídos) atendiendo rigurosamente al interés público y la ordenamiento jurídico vigente.
Además, el fiscalizador remarcaba que, mientras el Gobierno decidía si atendía la sugerencia de extinguir la fundación, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional debía registrar de «forma separada y rigurosa el patrimonio, los gastos y los ingresos de la Fundación Valle de los Caídos», una recomendación que patrimonio se ha comprometido a asumir.
Así las cosas, el PSOE someterá a votación este jueves ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas una propuesta de resolución en la que aboga por promover una regulación más completa y precisa de las relaciones de Patrimonio con la Fundación del Valle de los Caídos, a fin de que se esclarezca el régimen jurídico que les resulte de aplicación, especialmente en el ámbito económico financiero, así como su modelo de gestión.
Todo ello, «sin perjuicio de que, a la vista de la situación jurídica, de sus posibilidades de viabilidad económica y práctica, pueda valorarse la aplicación del artículo 57 del Reglamento de la Ley Reguladora de Patrimonio» que, como se ha citado, prevé la modificación, fusión o extinción de la entidad cuando así lo exija el mejor cumplimiento de los fines fundacionales, o hayan dejado de funcionar.
300.400 EUROS AL AÑO EN SUBVENCIONES
Durante el debate a cuenta del informe del Tribunal de Cuentas el portavoz socialista, Óscar Galeano, incluyó esta fundación entre las que han perdido su fin fundacional –«rogar a Dios por las almas» de «todos los Caídos», y por España»– son ecónomicamente inviables y carecen de adecuación al Estado aconfesional» que estable la Constitución.
De su lado, Unidos Podemos defenderá otra propuesta de resolución para instar al Gobierno a establecer los mecanismos necesarios para que a través de Patrimonio se siga subvencionando a las comunidades religiosas como las que viven no sólo en la Abadía del Valle de los Caídos, sino también en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o de Yuste.
En la actualidad, los Presupuestos Generales del Estado reservan cada año 340.000 euros en subvenciones para la Abadía del Valle de los Caídos, como beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por un decreto-ley franquista en 1957.
