El PSOE enmienda el Estatuto canario para subir a 71 los escañ os, creando una circunscripció n autonó mica de 10 diputados

NC apuesta por 75 diputados, con un mínimo del 5% en cada isla para entrar, mientras que PP y Coalición Canaria no plantean cambios

El Grupo Socialista ha registrado en el Congreso un total de 50 enmiendas a la reforma del Estatuto canario en las que plantea elevar de 60 a 71 el número de diputados del Parlamento autonómico, un incremento que se produciría mediante la creación de una nueva circunscripción de ámbito autonómico, por la que se elegirían 10 escaños, y dando un nuevo asiento a la isla de Fuerteventura, que pasaría de siete a ocho diputados.

Esta es la principal novedad que plantean los socialistas en lo que se refiere a la disposición transitoria primera, en la que se incluye un nuevo sistema electoral para las islas. Canarias carece de ley electoral propia y, hasta que se apruebe una, el nuevo Estatuto apuesta por ir funcionando con un sistema de 60 escaños con posibilidad de ampliarlos a 70.

MÍNIMOS PARA ENTRAR EN LA CÁMARA

Estos asientos se distribuirían de la siguiente forma: 15 por Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, 8 por Lanzarote y otros tantos por La Palma, 7 por Fuerteventura, 4 por El Hierro y 3 por La Gomera. Además, la reforma estatutaria que llegó al Congreso en 2015 prevé una bajada de los topes mínimos para entrar en el Parlamento canario, de los más altos de España: el insular se quiere reducir del 30% al 15% y el regional del 6% al 3%.

El PSOE no ha presentado ninguna enmienda relativa a estos umbrales para obtener representación, dando por bueno el texto remitido por el Parlamento regional que salió adelante con los votos de los socialistas y Coalición Canaria. Nueva Canarias se abstuvo y el PP votó contra.

Sin embargo, los cuatro partidos votaron a favor de su tramitación en el Congreso, mientras que Unidos Podemos y Ciudadanos –que no participaron en su redacción por carecer de representación en Canarias cuando se aprobó en 2015– se opusieron a que la Cámara Baja estudiara la reforma.

Mientras que ni el PP ni Coalición Canaria plantean cambios en los puntos de la reforma que afectan al sistema electoral, Nueva Canarias sí ha registrado enmiendas en este sentido con el objetivo de fijar como único tope la obtención de al menos el 5% de los votos de la correspondiente circunscripción insular.

Además, Pedro Quevedo, cuya formación no obtiene escaños en las islas pequeñas, apuesta por elevar de 60 a 75 los escaños del Parlamento Canario con la siguiente distribución: 22 por Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, 8 por Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, 4 por La Gomera y 3 por El Hierro.

EL PSOE CONFÍA EN QUE PUEDA APLICARSE EN 2019

Desde el PSOE, el secretario general del partido en las Islas y diputado, Chano Franquis, se ha felicitado de que por fin este martes finalizara el plazo para la presentación de las enmiendas parciales al nuevo Estatuto, cuya tramitación se aprobó en diciembre de 2016, pero que llevaba pendiente de ser analizado por el Congreso desde abril de 2015.

Franquis ha mostrado su deseo de que, una vez que se ha desbloqueado la tramitación, ahora todos los grupos demuestren voluntad política y sea posible llegar a un acuerdo sobre la reforma en general y sobre el sistema electoral en particular, de manera que el nuevo modelo pueda aplicarse ya en las autonómicas de 2019.

Hace diez años, el Parlamento canario ya hizo un intento de reformar su Estatuto y remitió un texto al Congreso, pero encalló principalmente por la falta de acuerdo en la reforma del sistema electoral.

Ahora la percepción general entre los grupos mayoritarios y los partido canarios es que no se puede incurrir en el mismo error, porque Canarias necesita acceder a los denominados Estatutos de segunda generación .

Desde el PSOE prometen «flexibilidad» en la negociación, mientras que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, enfatiza que su comunidad «no puede perder este tren otra vez» y debe contar con un nuevo Estatuto antes de que se haga aborde la reforma de la Constitución. «Debemos partir en las mismas condiciones que Andalucía, Valencia o Cataluña», ha aseverado.