El Instituto Santalucía denuncia «rigideces e incentivos débiles» para alargar la vida laboral

Propone un modelo integral de Jubilación Compatible que unifique reglas de acceso, cotización y cálculo de la pensión

El Instituto Santalucía advierte en un informe de que, pese a los avances legales, la compatibilidad entre pensión y trabajo «sigue fragmentada, con incentivos débiles y efectos negativos para trabajadores, empresas y la Seguridad Social».

Según el órgano de reflexión del Grupo Santalucía, España continúa atrapada en un esquema de «trabajar o jubilarse», de forma que se pasa de la actividad a tiempo completo a la inactividad «casi total», pese a que muchas personas «podrían y querrían» seguir en activos, al menos de manera parcial.

«Este diseño, heredado del siglo XX, ya no encaja con una realidad en la que las personas viven más, llegan en mejores condiciones de salud a edades avanzadas y tienen trayectorias laborales cada vez más diversas», sostiene el Instituto.

El informe ha sido elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de Fedea y presidente del Foro de Expertos de Instituto Santalucía, y por Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Fedea.

En él se examinan las últimas reformas introducidas, así como el borrador de desarrollo de la llamada jubilación reversible, y se advierte de que la regulación para alargar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación tiene «rigideces», con «efectos económicos visibles».

«Para los trabajadores supone con frecuencia una caída brusca de ingresos y una salida repentina del mercado laboral; para las empresas implica perder experiencia y talento sénior en un contexto de envejecimiento demográfico; y para la Seguridad Social significa desaprovechar cotizaciones potenciales en un momento de fuerte presión financiera», explica el informe al respecto.

Actualmente existen tres vías legales para compatibilizar pensión y trabajo (jubilación activa, jubilación parcial y jubilación flexible o reversible), pero, según este estudio, «operan como piezas sueltas que no encajan entre sí». El problema, según el Instituto Santalucía, no es la falta de instrumentos, sino su descoordinación y sus reglas «contradictorias».

El informe apunta que la jubilación activa ha sido la figura más reformada desde 2024. Ahora permite compatibilizar trabajo y pensión con un esquema progresivo: 45% de la pensión el primer año, 55% el segundo, 65% el tercero, 80% el cuarto y 100% a partir del quinto. Además, ya no se exige haber alcanzado el 100% de la base reguladora para acceder, lo que amplía el acceso a esta modalidad, con efectos positivos especialmente para mujeres con carreras de cotización más irregulares.

Sin embargo, el informe subraya que «su atractivo práctico sigue siendo limitado», pues durante la jubilación activa las nuevas cotizaciones no mejoran la pensión futura, no se generan nuevos complementos por demora y no se puede acceder a complementos a mínimos, incluso si la pensión es baja.

«A ello se suma una barrera clave: no existe un contrato laboral específico para jubilados activos, lo que obliga a extinguir el contrato previo y empezar de cero, generando inseguridad jurídica y desincentivos para empresas y trabajadores», expone el Instituto.

En cuanto a la jubilación parcial, el estudio reconoce su valor como transición gradual hacia el retiro, pero advierte de que sigue siendo «demasiado costosa y rígida para las empresas». Así, la modalidad anticipada exige al menos 33 años cotizados y obliga a contratar a un trabajador en sustitución, «lo que mantiene la figura anclada a una lógica de reparto de empleo más que a una verdadera flexibilidad individual», indica el informe.

Por su parte, la jubilación flexible o reversible, aún pendiente de desarrollo reglamentario definitivo, permite a personas ya jubiladas reincorporarse al trabajo a tiempo parcial reduciendo proporcionalmente su pensión. No obstante, el Instituto considera que su diseño actual presenta «incoherencias» con la jubilación activa y parcial y establece límites que reducen su atractivo, especialmente para el trabajo autónomo.

«España no carece de instrumentos para compatibilizar pensión y trabajo; lo que falta es un sistema coherente que los ordene y los haga realmente útiles. Si queremos aprovechar el talento sénior y reforzar la sostenibilidad de la Seguridad Social, la jubilación debe dejar de ser un punto final y convertirse en una fase flexible del ciclo laboral. Ese es el reto que este informe pone sobre la mesa», defiende José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía.

MODELO INTEGRAL DE JUBILACIÓN COMPATIBLE

Ante este panorama, el informe no propone crear nuevas opciones, sino ordenar e integrar las existentes. En concreto, los autores plantean avanzar hacia un «Modelo Integral de Jubilación Compatible (MIJC)» que unifique reglas de acceso, cotización y cálculo de la pensión bajo principios comunes de proporcionalidad, neutralidad contributiva y seguridad jurídica.

Ese modelo, expone el informe, debería garantizar que cada año adicional trabajado incremente la pensión «de forma clara y predecible», permitir al trabajador decidir libremente su intensidad laboral (tiempo parcial o completo, por cuenta ajena o propia) y crear un contrato laboral específico para pensionistas activos que facilite acuerdos con las empresas y reduzca la litigiosidad.

Según el estudio, un sistema así no solo favorecería el envejecimiento activo y el aprovechamiento del talento sénior, sino que también contribuiría a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social «en un país que envejece rápidamente».

«El nuevo informe del Instituto Santalucía plantea, en definitiva, un cambio de enfoque: pasar de un modelo pensado para retirar trabajadores a otro diseñado para retenerlos voluntariamente más tiempo en condiciones razonables», apunta.

Para el Instituto, convertir la jubilación en un tránsito gradual y no en un corte abrupto, no es solo una cuestión de bienestar individual, «sino una pieza clave para el futuro del empleo, la competitividad de las empresas y la viabilidad financiera del sistema público de pensiones».