El PP lleva a Bruselas los accidentes de Adamuz y Gelida: pide evaluar el uso de fondos europeos en el mantenimiento
Pregunta si el Ejecutivo comunitario prevé condicionar que las ayudas europeas se dediquen a mejorar la seguridad de las infraestructuras
El Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea (CE) una evaluación detallada del uso de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), destinados al mantenimiento y modernización de la red ferroviaria en España, debido a los datos conocidos tras los descarrilamientos de Adamuz y Gelida, en los que han fallecido 46 personas y ha habido más de un centenar de heridos.
La vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el eurodiputado Borja Giménez Larraz han registrado dos preguntas escritas ante la Comisión Europea en las que han reclamado un análisis en profundidad sobre el destino de los millones de euros invertidos por la Unión Europea en el sistema ferroviario español, ante lo que consideran un «colapso» de la red.
En la primera de las preguntas, los eurodiputados recuerdan que ADIF es el principal beneficiario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España, con más de 5.800 millones de euros recibidos desde 2021, lo que le convierte en el mayor perceptor de fondos Next Generation del país.
No obstante, según los datos manejados por el PP, el 84 por ciento del gasto en alta velocidad se ha destinado a la construcción de nuevas infraestructuras, frente a solo un 16 por ciento dedicado al mantenimiento y conservación de la red existente, a pesar de que varias de las principales líneas superan los veinte años de servicio y soportan actualmente un tráfico muy superior al inicialmente previsto.
Este «desequilibrio», sostienen, ha coincidido con un aumento significativo de incidencias técnicas, advertencias de profesionales del sector y una sucesión de accidentes e incidentes ferroviarios que ya se han cobrado víctimas mortales.
Por ello, desde el PP piden a Bruselas analizar si la concentración de fondos europeos en nuevas infraestructuras se ha hecho a costa del mantenimiento de la red ferroviaria existente.
IMPACTO DE LA LIBERALIZACIÓN DEL FERROCARRIL
Asimismo, Montserrat y Giménez Larraz han abordado en una segunda pregunta las consecuencias de la liberalización del transporte ferroviario de alta velocidad sobre la infraestructura.
Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) expuetsos por los populares, la alta velocidad transportó cerca de 40 millones de pasajeros en 2024, un 22 por ciento más que en 2023 y un 77 por ciento más que en 2019, antes de la apertura del mercado.
Este incremento del tráfico ha supuesto un aumento de las frecuencias y de la circulación de trenes con mayor carga por eje, lo que ha intensificado la presión sobre una red que, en varios corredores, supera los veinte años de antigüedad.
Ante esta situación, los eurodiputados han cuestionado si la Comisión ha comprobado si los objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia de España aseguran que los fondos del MRR se destinan de forma «suficiente» al mantenimiento, la adaptación y la modernización de la red ferroviaria y, además, si el Ejecutivo comunitario prevé aplicar los mecanismos de condicionalidad para garantizar que esas ayudas europeas contribuyan de manera efectiva a mejorar la seguridad de las infraestructuras.
«INCIDENCIAS RECURRENTES» EN RODALIES
El PP también ha puesto el foco en la situación de la red de cercanías Rodalies de Cataluña, que depende del Estado y registra «incidencias recurrentes, interrupciones del servicio y retrasos generalizados que afectan a cientos de miles de usuarios».
En este contexto, los populares han preguntado a Bruselas si Adif cumple con sus obligaciones de mantenimiento y renovación de esta red catalana. Además, han apuntado que si las deficiencias detectadas suponen un incumplimiento de la normativa europea en materia de seguridad ferroviaria, qué medidas prevé adoptar para garantizar la seguridad del servicio.
A juicio del Partido Popular, la seguridad ferroviaria y la sostenibilidad de las infraestructuras deben ser una prioridad en el uso de los fondos europeos, especialmente en un contexto de «envejecimiento» de la red y de crecimiento sostenido del tráfico ferroviario.
