Vox presenta un recurso contencioso-administrativo contra la Zona de Bajas Emisiones de Santander

El Grupo Vox en el Ayuntamiento de Santander ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por tratarse de una medida «totalmente arbitraria, sin fundamento y que va a suponer un grave perjuicio para los santanderinos».

Así lo ha anunciado este lunes la portavoz municipal de la formación, Laura Velasco, en declaraciones ante los medios de comunicación.

Según la edil, «el relato oficial, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, de que Europa obliga a imponer Zonas de Bajas Emisiones es falso». «Europa no obliga a prohibir la circulación de forma permanente ni a implantar ZBE, sino que, a través de distintas directivas, insta a los estados miembros a poner en marcha planes para mejorar la calidad del aire en momentos puntuales de contaminación», ha precisado.

Velasco ha indicado que tanto populares como socialistas votaron a favor de estas directivas en Europa, y en España se han traducido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es la que da origen a esta Zona de Bajas Emisiones.

En este sentido, ha subrayado que el PSOE votó a favor de dicha ley y que el Partido Popular «fue cómplice al permitir, con su abstención, que saliera adelante y que esta ZBE se convirtiera en una supuesta obligatoriedad».

La portavoz de Vox ha añadido que, frente a una ley «que no obliga a los ayuntamientos a imponer sanciones», la ordenanza municipal de Santander sí establece multas de hasta 200 euros para quienes incumplan la prohibición de acceso, circulación o estacionamiento en esta zona.

«Desde Vox lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Vamos a llegar hasta el final dando la batalla para que los santanderinos no se vean perjudicados por estas imposiciones absurdas», ha afirmado Velasco, que ha afirmado que el propio estudio que acompaña a la ordenanza reconoce que el 60% del parque móvil de Santander cuenta con etiqueta A o B, «lo que demuestra el enorme impacto negativo de esta medida».

La portavoz municipal ha insistido en que la Zona de Bajas Emisiones «es una estafa pseudoambiental que atenta contra la libertad de circulación, discrimina a los ciudadanos en función de su nivel adquisitivo y de su capacidad para comprar un vehículo no contaminante», y que además va a suponer un «grave perjuicio económico y la ruina del comercio y la hostelería local, especialmente de pymes y autónomos».

«Frente a un Partido Popular de Gema Igual conformista, que ha acatado sin rechistar todas las imposiciones ideológicas de la izquierda, en Vox dijimos que íbamos a dar la batalla y la vamos a seguir dando», ha subrayado. «Tenemos razones más que suficientes para confiar en que este recurso tendrá un resultado favorable», ha sentenciado.