Asaja insta a la Comisión Europea y al Consejo a que no activen provisionalmente el acuerdo UE-Mercosur
Muestra su «preocupación» por las declaraciones de Teresa Ribera, favorables a una posible aplicación provisional del acuerdo
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) ha reclamado a la Comisión Europea (CE) y al Consejo que «respeten» la voluntad expresada por el Parlamento Europeo, que ha solicitado un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del acuerdo UE-Mercosur, y que «no se active» de forma provisional la parte comercial del tratado mientras dure el proceso judicial, según informa en un comunicado.
En concreto, la organización agraria considera que aplicar provisionalmente el acuerdo pese a la decisión del Parlamento supondría «desvirtuar una resolución democrática» adoptada por una Cámara claramente dividida, lo que «evidencia la existencia de dudas jurídicas y políticas de fondo sobre el acuerdo».
Asaja subraya que el pronunciamiento del Parlamento Europeo «no es simbólico y debe ser respetado» por el resto de instituciones comunitarias. «Forzar la aplicación provisional del acuerdo mientras el TJUE analiza su legalidad solo contribuiría a aumentar la desconfianza del sector agrario y de los ciudadanos hacia la Unión Europea», señala la organización.
En esto contexto, ha querido poner en valor la movilización unitaria del campo europeo en las últimas semanas, con concentraciones en Bruselas y Estrasburgo, que han logrado situar el debate sobre Mercosur en el centro de la agenda política comunitaria.
Por otro lado, la organización ha mostrado su «preocupación» por las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, favorables a una posible aplicación provisional del acuerdo, al considerar que no atienden a las dudas jurídicas planteadas ni a las preocupaciones del sector agrario.
Asaja insiste en que «no se trata de bloquear el comercio, sino de garantizar seguridad jurídica y respeto institucional», por lo que reclama que sea el Tribunal de Justicia de la UE quien determine el futuro del acuerdo UE-Mercosur.
