UGT pide la convocatoria inmediata del comité general de empresa en Adif y Renfe para estudiar acciones
El sector ferroviario de UGT ha expresado este miércoles su «profunda consternación» por los graves accidentes ferroviarios ocurridos en estos últimos días en Adamuz (Córdoba) y en Rodalies en Cataluña, que han provocado víctimas mortales, personas heridas de gravedad «y una fuerte conmoción social, especialmente entre los profesionales del ferrocarril en todo el Estado».
Para UGT, la seguridad de la plantilla y de los usuarios del ferrocarril debe estar por encima de cualquier otra consideración y ha de actuarse «con la máxima responsabilidad y contundencia».
Por eso, ante la «gravedad» de los hechos, el sector ferroviario del sindicato ha solicitado la convocatoria inmediata del comité general de empresa tanto en Adif como en Renfe, con la participación de todas las organizaciones sindicales con representación en dichos órganos, para definir las acciones necesarias que garanticen la seguridad de trabajadores y usuarios del ferrocarril.
UGT ha afirmado en un comunicado que, aunque ambos accidentes, el de Adamuz y el de Rodalies, se han producido en un mismo contexto temporal, hay que distinguir cada uno de ellos a la hora de analizar las causas y las circunstancias concretas en las que se produjeron.
«Cualquier aproximación rigurosa debe huir de simplificaciones y abordar cada suceso con el análisis técnico, profesional y diferenciado que requiere», sostiene UGT.
El sindicato cree que la situación es «extraordinariamente preocupante» y ha pedido «celeridad, rigor y responsabilidad». «No sólo es imprescindible esclarecer con urgencia las causas que han provocado estas tragedias ferroviarias, sino que para UGT la prioridad absoluta debe ser garantizar la seguridad de las personas trabajadoras del ferrocarril y de los usuarios del sistema ferroviario. La seguridad no puede verse comprometida bajo ningún concepto», defiende.
Por último, el sindicato ha reclamado que se facilite trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los organismos oficiales competentes en la investigación de ambos siniestros, «evitando especulaciones, juicios prematuros o conclusiones interesadas que sólo contribuyen a generar confusión y alarma social».
