Afectados por las sentencias de derribo lamentan el «abismo entre lo prometido y lo hecho» por el Gobierno de Cantabria


La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha lamentado este sábado el «abismo entre lo prometido y lo hecho» por el Gobierno de Cantabria y ha manifestado que «resulta difícil mantener la esperanza y cada vez más complicado creer en estas autoridades».

Así lo ha comunicado su presidente, Antonio Vilela, a través de un escrito, en el que ha hecho balance del «sufrimiento de cientos de familias» afectadas por las sentencias de derribo en Cantabria, con motivo del Día de los Santos Inocentes, patrón de la entidad, que se celebra cada 28 de diciembre.

En esta línea, AMA «podría reutilizar, sin apenas cambios, una nota de prensa publicada hace más de veinte años para resumir y hacer balance del año 2025», ha dicho Vilela, que ha señalado este como «otro año sin soluciones» y «marcado por promesas incumplidas», donde ha señalado «muy especialmente al Gobierno de Cantabria y la Consejería de Fomento», cuya actuación en materia urbanismo ha definido como «desesperante».

«Es duro y profundamente triste ver cómo pasa el tiempo, cómo nuestros amigos van falleciendo, mientras los responsables siguen sin reparar el gravísimo daño causado a cientos de familias», ha resumido el presidente de AMA.

VIVIENDAS SIN CONSTRUIR

En concreto, el líder de AMA ha indicado que, una vez finalizado el 2025, «nada se sabe» de las viviendas prometidas, cuyo proyecto de construcción se iba iniciar este ejercicio.

Vilela ha recordado la promesa de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, durante la celebración del XX aniversario de la asociación que tuvo lugar el pasado abril, en la que «dio su palabra de honor de que, en esta legislatura -finaliza en 2027-, todos los afectados tendrían una solución».

Sin embargo, según ha asegurado Vilela, el Ejecutivo ha optado por «el silencio y la indiferencia» y cree que los afectados por las sentencias de derribo son «ignorados por el simple hecho de recordar compromisos públicos».

En Argoños, la situación es de «absoluta desesperación, alimentada por rumores, noticias contradictorias y una alarmante falta de soluciones»; en Piélagos, el Plan General de Ordenación Urbana «sigue sin ver la luz», en Escalante, las viviendas de sustitución «han sufrido cambios de proyecto comunicados a hechos consumados»; y en Arnuero, las viviendas de sustitución «acumulan un retraso superior a un quinquenio», ha incidido.

Además, ha denunciado que el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, tras la sentencia sobre el PORN de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, presenta «una ilegalidad más que previsible», lo que ha calificado como «un futuro inquietante».

El representante de AMA ha apuntado a la próximas elecciones, que «no están lejos» y ha manifestado que denunciar estos comportamientos «es una obligación democrática para que la ciudadanía conozca cómo actúan quienes aspiran a representarla».

Por último, ha deseado que el 2026 «traiga, por fin, justicia, dignidad y reparación para todas las familias afectadas. Que la salud, la solidaridad y el respeto a los derechos de todos dejen de ser promesas y pasen, de una vez, a ser una realidad».

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