Cantabria abonará en enero a los funcionarios la subida salarial del 2,5% de este año
El impacto en las cuentas regionales superará los 56 millones de euros entre los incrementos aprobados para 2025 y 2026
El Gobierno de Cantabria abonará a los empleados públicos autonómicos la subida salarial del 2,5 por ciento correspondiente a 2025 en la nómina de enero, un incremento con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y que se realizará en una sola paga.
La medida beneficia a unos 27.000 empleados públicos al servicio de la Administración y del sector público institucional autonómicos, ha indicado el Ejecutivo.
Así, el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos aprobado por el Gobierno de España y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles tendrá un impacto en las cuentas regionales de 35 millones respecto a la subida prevista para 2025 (+2,5%) y de más de 56 millones, incluyendo la subida que entrará en vigor en enero del 1,5% adicional, correspondiente a 2026.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha señalado este jueves que el abono del incremento salarial por parte del Ejecutivo cántabro se va a ejecutar «tan pronto como ha sido posible», tras la publicación, ayer, del Real Decreto Ley, y una vez efectuadas las adecuaciones técnicas necesarias para la aplicación de la medida como es el caso de la actualización de las nóminas y los cálculos de los atrasos.
«Hasta el momento no había noticia oficial del contenido de las negociaciones con los sindicatos ni de los resultados, más que por las informaciones publicadas en los medios de comunicación», ha indicado la consejera, quien ha lamentado «la falta de información y de coordinación» del Ejecutivo central con las comunidades autónomas en «una nueva muestra de falta de lealtad institucional».
En este sentido, Urrutia (PP) ha criticado la forma de proceder del Gobierno de España «retrasando todo un año» la aprobación de los incrementos retributivos de carácter básico a los empleados públicos por la «falta de presupuestos» a nivel nacional, lo que «afecta de forma importante» a la propia gestión de las cuentas de las comunidades autónomas.
Añade a ello la «inseguridad jurídica» por la necesidad de convalidar en el plazo de un mes en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley de subida retributiva para los empleados del sector público, aprobado por «un Gobierno de España que tiene dificultades para legislar por su fragilidad parlamentaria».
