Condenadas a multas de hasta 900 euros por vejaciones las auxiliares de La Alborada tras reconocer los hechos

Piden perdón y alcanzan un acuerdo por el que las familias retiran su petición de cárcel e indemnización: «Me arrepiento muchísimo»

Las cuatro auxiliares de la residencia La Alborada de Torrelavega acusadas por su trato a dos ancianos han sido condenadas a multas de entre 180 y 900 euros por delitos de vejaciones injustas tras reconocerse en diferentes grabaciones de audio realizadas en el centro y pedir perdón a las familias.

El juicio contra ellas estaba previsto a partir de las 9.00 horas de este viernes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, aunque finalmente las acusadas han llegado a un acuerdo de conformidad con las acusaciones, ejercidas por las dos familias y por la residencia, quienes solicitaban hasta cinco años de prisión.

Para materializar el acuerdo, se han reproducido diferentes audios grabados en la residencia, en los que las procesadas han dicho que «se reconocen» y han pedido perdón. «Me arrepiento muchísimo», «no estoy orgullosa de ello», han dicho todas ellas, y una específicamente se ha disculpado por su «vocabulario». «No estoy orgullosa de mi manera de hablar».

Precisamente, en las grabaciones se escucha un trato verbal grosero hacia los residentes, a los que gritan expresiones como «abre la puta boca», «me cago en Dios», «no seas pesado», y calificativos como «cansino», «trisca» o «pesado». También en una ocasión, cuando uno de los usuarios manifiesta a la auxiliar que tiene hambre, ésta le responde: «pues pincha el culo y saca sangre, o come mierda que ya eres grande».

Por este tipo de hechos las familias y la residencia solicitaban para las trabajadoras hasta cinco años de prisión, 4.320 euros de multa y 34.000 de indemnización –30.000 para el centro y 2.000 a cada víctima– imputándoles delitos de maltrato habitual y maltrato de obra. Sin embargo, con el acuerdo alcanzado, y tras disculparse, se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño y finalmente solo se les ha condenado por delitos de vejaciones injustas a diferentes multas.

Éste es precisamente el ilícito que consideraba la Fiscalía, que no había presentado escrito de acusación pero sí alegaciones al de las otras partes manifestándose en este sentido, de modo que se ha adherido al acuerdo de conformidad.

En él, las familias han renunciado a la indemnización que pedían al igual que la residencia, pues de lo contrario habría tenido que celebrarse el juicio.

En concreto, dos de las cuatro trabajadoras han sido condenadas a multas de 900 euros por dos delitos leves continuados de vejaciones injustas con la atenuante de reparación del daño; otra a 360 euros también por los dos mismos delitos -aunque sin calificación de continuados-; y la última a 180 euros por un delito de la misma consideración. Además, no se les imponen las costas del proceso.

Actualmente, solo una de las cuatro condenadas sigue trabajando en la residencia, que ahora «tomará las medidas que considere» tras la sentencia, ha indicado su letrada.

Tras la condena, las familias aseguran que quieren «pasar página» después de tres años denunciando lo ocurrido y en los que se han sentido «aisladas», sin apoyo ni de la residencia pese a que «era conocedora de los hechos» ni del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) –dependiente del Gobierno regional–, como han explicado este viernes a los medios en el Juzgado.

«Es un capítulo que necesitamos cerrar», han sentenciado las hijas de los dos residentes, Elena González y Almudena Gandiaga, que decidieron poner grabadoras después de que sus familiares les comentaran que «tenían miedo».

Por ello han mostrado un sentimiento «agridulce» una vez que se ha condenado a las auxiliares, que «han maltratado a unas personas que no se pueden defender», ya que creen que el centro «también es muy responsable aunque no se ha podido demostrar».

Su objetivo con este procedimiento judicial, explica su abogada, era sobre todo «que se sepa lo que ha pasado, el trato que están recibiendo» los usuarios de la residencia. Y es que «no ha sido un hecho asilado», pues aunque los audios son solo de cuatro días –después «se percataron» de que había grabadoras–, demuestran un comportamiento «sistemático» cada vez que las empleadas interactúan con los residentes.

Además, la letrada ha lamentado que durante tres años las familias «han tenido que luchar porque ni siquiera se les creía». «Nadie les apoyó».