OCU pide al Gobierno que garantice el derecho a cerrar una cuenta bancaria por el canal con que fue abierta
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido al Gobierno que defienda el derecho a cerrar una cuenta bancaria por el mismo canal por el que fue abierta, por ejemplo, la app , según ha trasladado en un comunicado.
OCU considera «incomprensible» que, en un contexto de creciente digitalización en la «los propios bancos promueven la operativa online como vía principal de relación con sus clientes», el cerrar una cuenta bancaria «siga siendo una tarea que exija acudir en persona a una oficina».
Explica que todas las apps bancarias permiten abrir una cuenta bancaria «en pocos minutos» y haciendo solo una foto del DNI con una videollamada o un selfie . Para la OCU, también debería permitirse al usuario cancelar la cuenta en el momento que quiera, sin necesidad de preaviso y en un máximo de 24 horas desde la solicitud, «tal y como establece la normativa».
Sin embargo, denuncia que «en la práctica no siempre es así» y afirma que muchas entidades no disponen de la opción de cerrar la cuenta desde la app , «complicando un trámite que debería ser tan sencillo como la alta». Señala que algunos bancos permiten cerrar la cuenta por teléfono o en la oficina bancaria (Banco Sabadell o Bankinter), mientras que otros solo permiten hacerlo por teléfono (Openbank) o en una sucursal (CaixaBank).
OCU considera que esta restricción «no responde a motivos técnicos, sino comerciales» con el objetivo de «dificultar la baja y retener al cliente», y asegura que esta práctica «vulnera el principio de simetría en la contratación digital».
Así, ha denunciado esta práctica ante la Dirección General de Consumo, ya que la considera una «limitación injustificada» del derecho del consumidor a finalizar un contrato, y ha pedido al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa una modificación normativa que obligue a las entidades a permitir el cierre de cuentas por los mismos medios con los que fueron abiertas. Para OCU, esta medida «garantizaría una operativa justa, transparente y respetuosa con los derechos del consumidor».
