Cantabria pide poder usar los remanentes para invertir en vivienda y ampliar las ayudas del Plan Estatal a la compra

En sus alegaciones, reclama «muchos más fondos» para rehabilitación y que no solo se impulsen viviendas protegidas a perpetuidad

AMPUERO, 22

Cantabria ha pedido en sus alegaciones al Plan Estatal de Vivienda que el Ministerio amplíe las ayudas que se contemplan para las viviendas en alquiler también a opciones de compra, así como «muchos más fondos» para la rehabilitación y la regeneración urbana o que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes para invertir en viviendas protegidas.

Asimismo, ha reivindicado dar seguridad jurídica frente a la okupación y beneficios fiscales a los titulares que ponen sus propiedades en alquiler, o que no todas las viviendas que reciban fondos de este Plan se califiquen como protegidas a perpetuidad, sino que se impulsen también «otros regímenes».

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha dado a conocer este miércoles a preguntas de la prensa en Ampuero estas reclamaciones que figuran en las alegaciones presentadas el 7 de octubre por el Gobierno cántabro al Plan Estatal.

Según ha dicho, la comunidad está «negociando con la ministra», Isabel Rodríguez, esas cuestiones que «no le gustan» de la Ley de Vivienda estatal, al tiempo que Cantabria está tramitando en el Parlamento su ley autonómica en esta materia.

Media ha asegurado que «ya se ha producido alguna reunión técnica» con el Ministerio y que «vamos a seguir con la mano tendida», con el objetivo de «ir firmando» en el próximo año los convenios que permitan la llegada de los fondos que se repartan a las autonomías. Cuantías «importantes», ha dicho, con las que se pretende crear «mucha más vivienda pública», que defiende que «lo único que va a hacer bajar los precios».

Tal y como ha recogido en sus alegaciones, el Gobierno regional rechaza que el Ejecutivo central reduzca «exclusivamente» las ayudas a alquiler, pues entiende que las opciones de compra «son muy interesantes» y aspira a que las amplíe a este tipo de acceso a la vivienda, que el consejero ha subrayado que «en Cantabria es muy demandado y lo ha sido históricamente».

Tampoco está de acuerdo con que el Ministerio pretenda que todos los fondos ligados al Plan de Vivienda sean para calificar los inmuebles como protegidos permanentemente.

«Entendemos que para las del parque público es razonable, pero que para otro tipo de viviendas eso va a desincentivar el que la iniciativa privada las promueva y no lo consideramos adecuado. Queremos que se permitan las dos situaciones: viviendas protegidas a perpetuidad, pero también viviendas protegidas en otros regímenes como hay ahora en la actualidad», ha explicado Media.

Asimismo, ha pedido «muchos más fondos» para la rehabilitación y la regeneración urbana, actuaciones «muy importantes» para recuperar edificios históricos en las localidades. «Estamos viendo cómo es absolutamente necesario. Aquí en Cantabria tiene una acogida muy importante», ha apostillado.

Otras de las alegaciones solicita poder usar los remanentes de las administraciones para invertir en viviendas de protección oficial dadas «las necesidades que hay ahora mismo», pues en la actualidad ese dinero «al final va a pagar deuda».

Igualmente, Cantabria ha pedido al Ministerio «garantizar» a los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler que las podrán recuperar si se producen impagos u okupaciones . Algo que, según el consejero, la ministra «no es muy partidaria de hacer», pero «si no, no vamos a conseguir que las viviendas que están fuera del mercado salgan al alquiler». «Creo que al final el tiempo nos va dando la razón».

En la misma línea, ha reclamado «ayudar fiscalmente» a los titulares, como ha destacado que ya impulsa el Gobierno de Cantabria.

La ley autonómica que se tramita en el Parlamento recoge, además, una línea de avales públicos a cargo del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) para cubrir hasta el 20% del precio de la vivienda a menores de 45 años que no puedan acceder a una hipoteca, con un límite que finalmente se ha fijado en 300.000 euros -se contempló reducirlo a 200.000 para llegar también a quien lo necesita en «localidades grandes», según ha explicado Media-.

Como ha indicado el consejero, éstos se pondrán en marcha una vez se apruebe la nueva norma, que espera que sea «cuanto antes».