La RFCF traslada la Fiscalía posibles irregularidades en competiciones organizadas por la Fundación Martinus
Alerta de que se podría haber cobrado más de lo debido por los seguros y que no se aseguraba a todos los jugadores
La Real Federación Cántabra de Fútbol (RFCF) acudirá a la Fiscalía para que investigue la «posible existencia de irregularidades económicas y de aseguramiento» en las competiciones organizadas por la Fundación Martinus, que asegura que podrían afectar a «miles de jugadores y equipos».
En una reunión de su Junta Directiva, la Federación ha acordado dar este paso como consecuencia de la información recabada en los últimos meses sobre las competiciones organizadas por dicha fundación en Cantabria y en el País Vasco, bajo la denominación Fútbol Rápido o similares.
Según explica la RFCF, la Fundación Martinus habría cobrado a cada jugador 65 euros en concepto de seguro obligatorio, pese a que el coste real de la póliza «asciende a 56 euros» por participante.
Asimismo, el número de jugadores asegurados «no coincide» con los pagos efectuados ni con el volumen real de participantes. Y es que se estiman en torno a 4.500 jugadores entre ambas comunidades autónomas y, sin embargo, las pólizas contratadas, según la documentación aportada, tan solo cubrirían a unos 1.000 jugadores, lo que dejaría a la mayoría de los participantes sin la cobertura obligatoria exigida por la normativa deportiva vigente.
La RFCF ha trasladado en un comunicado que considera que es su deber poner estos hechos en conocimiento del Ministerio fiscal, «en cumplimiento de sus funciones públicas de garantizar la seguridad y la legalidad en las competiciones deportivas», a fin de que se depuren responsabilidades.
Finalmente, ha recordado que el aseguramiento deportivo es una obligación legal, y que su ausencia «pone en riesgo la integridad de los deportistas y la responsabilidad de los organizadores». También ha mostrado su «compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de todos los deportistas cántabros», y ha subrayado que esta comunicación se realiza «con la máxima prudencia y respeto al principio de presunción de inocencia de todas las personas o entidades mencionadas».
