El Gobierno defiende el pacto de la trama de Obras para «recuperar» el dinero y «largar» al funcionario

Urrutia niega que haya sido una decisión «política», sino «técnico-jurídica»

La consejera de Presidencia y Justicia de Cantabria, Isabel Urrutia, ha indicado que el acuerdo judicial en la trama de Obras Públicas, por la adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario a varios empresarios de la región, ha sido propuesto y promovido por la Fiscalía y admitido por el Gobierno -personado en la causa como acusación particular- no como una decisión «política», sino de carácter «técnico-jurídica», en base a «los hechos, el asunto y las pruebas» y a «lo determinado» por el ministerio público y la jueza instructora, teniendo en cuenta, eso sí, las «pretensiones» de la administración: «recuperar» el dinero del perjuicio causado (cifrado en 1,6 millones de euros) y que «se largue» el cabecilla de la red de la administración.

Así, la titular de la Consejería ha defendido el trabajo de las dos letradas de los servicios jurídicos dedicadas durante «más de dos años» y «en exclusiva» a este procedimiento, instruido por la titular del Juzgado 5 de Santander y que consta de 30.000 folios, y ha destacado que con el pacto se ha conseguido que los procesados consigue el dinero reclamado -que pasará a las arcas públicas cuando haya sentencia firme- y que el funcionario considerado jefe de la banda «confesara y se largara» de la administración: que quede «fuera» -también cuando el fallo no admita recursos- y «no vuelva».

Urrutia se ha expresado en estos términos este lunes en el Pleno del Parlamento en respuesta a un interpelación de la portavoz de Vox, Leticia Díaz, sobre medidas contra «prácticas colusoriss y reparto del mercado en licitaciones públicas», extremos que la titular de la Consejería ha negado, al menos desde la llegada del PP a Peña Herbosa (los citados hechos judicializados son de legislaturas anteriores).

Durante su intervención, se ha referido al reciente pacto entre los investigados por la trama de Carreteras con el fiscal del caso, que ha acordado con las partes todavía personadas en la recta final de la instrucción -Gobierno y defensas- penas de hasta siete años de cárcel al principal encausado –que estuvo en prisión provisional durante seis meses y fue apartado de su puesto en la Consejería, donde era jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas en la etapa de los hechos– y de entre uno y dos años para el resto de implicados, entre los que figuran la esposa del funcionario y varios empresarios del sector.

La consejera ha valorado que «se han podido demostrar» las prácticas irregulares con el reconocimiento de las mismas por parte de los involucrados y, además, las consecuencias de las mismas «están cubiertas» con la propuesta de acuerdo de la Fiscalía, y que el Ejecutivo del PP ha aceptado en base a una decisión «técnico-jurídica, como todas las que ha habido en este caso». «No se puede acusar a este Gobierno de no haber colaborado en el procedimiento penal para intentar esclarecer los hechos y conseguir reparar el daño causado a nuestra administración», ha sentenciado.

Y al hilo, ha subrayado la labor de las letradas dedicadas al asunto: «Han supervisado cientos de mensajes y correos electrónicos, han escuchado horas de conversaciones, han revisado innumerables documentos, 30.000 folios que tiene la causa, han realizado un trabajo riguroso y exhaustivo en la preparación de la estrategia de defender el interés, el prestigio de la administración, para recuperar el perjuicio producido».

«Han conseguido -ha insistido- las pretensiones que hemos pedido y que eran irrenunciables: recuperar la cantidad que hemos sido capaces de demostrar, 1.623.257 euros que ya están en las cuentas del Juzgado -cuando la sentencia sea firme pasarán nuestras arcas- y que el funcionario se quedara fuera» de la administración».

EL GOBIERNO DEL PP TAJANTE ANTE CUALQUIER ATISBO DE CORRUPCIÓN

Por lo demás, la responsable de Presidencia y Justicia ha negado las prácticas que ha puesto sobre la mesa Vox, y ha afirmado que en el PP están siendo «tajantes» con «cualquier atisbo de corrupción», algo que a sus ojos «se ha notado» en el tiempo que llevan en el Gobierno.

Ha puesto como ejemplo de ello que a las licitaciones del Ejecutivo actual se presentan empresas de «fuera» de la región, extremo que ha achacado a que se genera un entorno de «confianza», y ha citado algunos procedimientos para contrastar que en los que antes concurrían «dos o tres» ofertas ahora lo hacen «21».

En el ámbito de las obras, ha contrapuesto los tres licitadores anteriores al servicio para la viabilidad y conservación de carreteras con los doce de ahora, o que en la renovación del puente sobre el Río Cubas se haya pasado «de uno a ocho».