El Gobierno cerrará el próximo curso ocho escuelas infantiles en varios municipios además de El Pedregal
El Gobierno de Cantabria ha acordado la supresión de ocho escuelas públicas en varios municipios, además del colegio El Pedregal de Castro Urdiales, una vez que finalice el actual curso escolar 2024-2025.
En concreto, se cerrarán las escuelas Garruchines y La Jilguera, ambas en Piélagos; Alberto de la Cantolla, en Liérganes; Cabo de Ajo, en Bareyo; El Chopo, en Cartes; Los Pequeños Hayas, en Castañeda; San Roque, en Alfoz de Lloredo; y Cors, en Astillero.
Junto a estas supresiones se contempla el cierre del CEIP El Pedregal de Castro Urdiales, anunciado ya hace unos meses –y que ha dado lugar a numerosas protestas de la comunidad educativa para tratar de evitarlo– una vez que la Fundación Barquín Hermoso, propietaria del edificio que lo alberga, manifestó que no prorrogaría su cesión.
El Ejecutivo (PP) dio luz verde al cierre de estos nueve centros en la reunión del Consejo de Gobierno de la semana pasada, y ya se ha publicado en Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el decreto por el que se modifican los centros públicos de Educación Infantil y Primaria para el próximo periodo escolar, que recoge las supresiones mencionadas.
CRÍTICAS
Una medida por la que el Gobierno ya ha recibido críticas por parte de Podemos, que en un comunicado le ha acusado este jueves de «desmantelar servicios educativos esenciales» mientras «incrementa» la financiación de centros privados concertados.
Además, ha alertado de que «Cantabria está copiando con preocupante fidelidad la hoja de ruta de Isabel Díaz Ayuso en Madrid: recortes, desprecio por lo público y privilegios para unos pocos. Un modelo autoritario, prepotente y chulesco que destruye los derechos más básicos en nombre de la rentabilidad».
El secretario de Educación de Podemos Cantabria, Pablo González, ha sostenido que «el cierre de colegios públicos no es una decisión técnica, es una decisión ideológica. Se trata de una estrategia consciente para debilitar la escuela pública y allanar el camino a la privatización».
Y ha lamentado que con estos cierres «están condenando a muchas familias a tener que desplazarse kilómetros para escolarizar a sus hijos, mientras se siguen financiando con dinero de todos centros que seleccionan al alumnado y no garantizan la igualdad de oportunidades».
Una política que, a su juicio, supone un «ataque frontal a la educación pública y al derecho de acceso igualitario a una enseñanza de calidad», especialmente en las zonas rurales y periurbanas donde la escuela pública es «un eje de cohesión social».
Por ello se ha referido tanto a la presidenta como al consejero de Educación, María José Sáenz de Buruaga y Sergio Silva, para denunciar que «están dinamitando un pilar esencial de la democracia. No es eficiencia: es ideología. No es ahorro: es desprecio por lo público».
«No lo vamos a permitir», ha sentenciado González, al tiempo que ha exigido la paralización inmediata del cierre de centros públicos y la reversión de «cualquier medida que favorezca a la enseñanza concertada en detrimento de la pública».
