La Ley de Juventud incluirá gratuidad en universidad para alumnos de excelencia y en transporte en el medio rural

Creará un cupo reservado de vivienda pública para los jóvenes y otras medidas para evitar que «se vayan» de Cantabria

La Ley de Juventud de Cantabria que se aprobará antes de acabar el mes de junio tras un acuerdo entre PP y PRC introducirá medidas para el colectivo de 14 a 30 años como la reserva de un cupo específico de vivienda, la gratuidad en la educación para algunos estudiantes que cumplan criterios de excelencia y también avanzará hacia la gratuidad en el transporte público de forma progresiva con especial atención a los habitantes del medio rural.

Además, velará por el acceso a la cultura en «igualdad de condiciones» y, en el ámbito de la salud, otorgará un papel relevante a la salud mental. Otros principios serán fortalecer la identidad regional y cultural como elementos fundamentales del desarrollo juvenil, así como promocionar el emprendimiento y la atracción y retención del talento, todo ello con el objetivo de evitar que los jóvenes «se vayan de esta tierra», «tengan las mismas oportunidades vivan donde vivan» y puedan «desarrollar un proyecto de vida.

La ley entrará en vigor en enero de 2026 y, a continuación, en tres meses deberá estar listo el reglamento que la desarrolle y en seis un plan integral, de modo que sus medidas deberán recogerse ya en partidas en los próximos Presupuestos Generales de Cantabria.

La vicesecretaria de Organización del PRC y recién elegida sucesora de Miguel Ángel Revilla como candidata del partido para las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, ha dado a conocer algunos contenidos de la ley este miércoles en rueda de prensa acompañada por la diputada Rosa Díaz -que la presentará en el Parlamento- y por varios miembros de Juventudes Regionalistas de Cantabria (JRC), encabezados por su secretario general, Alejandro Pascual.

Y es que esta norma, que saldrá adelante con 55 enmiendas conjuntas acordadas por populares y regionalistas, fue elaborada por JRC para que Cantabria deje de ser una de las únicas tres comunidades españolas que no cuentan con una Ley de Juventud.

Fernández ha aclarado que las enmiendas pactadas con el PP mantienen «intacto el espíritu» de la propuesta que el PRC llevó al Parlamento. Con ellas, se cumplirá uno de los acuerdos del pacto presupuestario firmado entre las dos formaciones para aprobar las cuentas de 2025, que contemplaban que la Ley de Juventud fuese una realidad antes de junio.

Según la regionalista, esta norma va a marcar «un antes y un después» al focalizar en las políticas «más importantes» para los jóvenes, como son la educación, la sanidad, el transporte y la vivienda.

Los criterios de las ayudas y bonificaciones se definirán más adelante en el reglamento, si bien ya se ha determinado que, en el caso de la educación gratuita, no será «universal» sino que se premiará el «esfuerzo, la excelencia y el talento», sin tener en cuenta criterios de renta. Igualmente, en el transporte se plantean medidas de discriminación positiva para los municipios en riesgo de despoblamiento.

El secretario general de JRC ha agradecido al partido la «confianza» depositada en la organización, ya que llevó a la Cámara su propuesta de ley «sin tocar de una sola coma». Así, ha aclarado que, aunque 55 enmiendas «pueden parecer muchas», la mayor parte son correcciones técnicas que dan «coherencia y forma» al texto.

También ha señalado que desde Juventudes entienden que «podía ser un documento muy de máximos» y en la negociación «siempre hay que hacer una cesión». «Nos podemos dar por satisfechos desde Juventudes, porque el espíritu de la ley sigue siendo exactamente el mismo que el original», ha dicho Pascual.

Eso sí, ha puesto en valor que una organización juvenil haya tenido que llevar a las instituciones una proposición de ley «ante la incapacidad» del Gobierno y su Consejería de Inclusión Social «paralizada».

Gracias a ello, ha añadido, se contará con una ley «importante» que «dará coherencia a todas las políticas de juventud» y que tanto el Ejecutivo como los ayuntamientos trabajen con unos objetivos. Para ello, se creará un Consejo de Coordinación Interinstitucional.