Aragón no colaborará en el reparto de menores y avisa de que llegará hasta la UE «para parar este despropósito»

Susín asegura que «el sistema está desbordado» por la «política de puertas abiertas» de Sánchez, pero rechaza hablar de cifras

ZARAGOZA, 19

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha afirmado este miércoles que Aragón «no va a colaborar» en el reparto de menores migrantes no acompañados, al considerar que el decreto pactado entre el Ejecutivo central y Junts «quiebra el principio de igualdad entre españoles», por lo que lo recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) y llegará incluso hasta la UE «para parar este despropósito que únicamente beneficia al interés de Pedro Sánchez».

En una rueda de prensa en la que ha rehusado hablar de cifras, tanto la del número de menores acogidos actualmente en la Comunidad como de la financiación necesaria, la consejera ha argumento su rechazo al decreto en que «impone el reparto obligatorio» de menores migrantes, procedentes de zonas de España más saturadas como Canarias o Ceuta, y no responde al interés superior de estos niños, sino que «responde única y exclusivamente al interés superior de Sánchez para mantenerse en la Moncloa a cualquier precio».

«Aragón no va a ser partícipe de un acuerdo basado en la desigualdad y en la xenofobia», ha remarcado Susín, quien ha insistido en no entrar en «debates» de cifras porque lo «realmente importante» es la «quiebra» de la igualdad entre españoles. Los datos relativos al mes de enero indicaban que había 104 plazas de menores disponibles, de las que estaban ocupadas 197, es decir, un 189%.

Con respecto a la situación de Aragón, ha afirmado que el sistema está «desbordado» por «la política de puertas abiertas» del Gobierno de España, que «está potenciando la llegada masiva de personas migrantes: menores, mayores y de todo tipo».

Preguntada por cómo se va a garantizar ese principio de igualdad en Canarias o Ceuta, saturadas por la llegada de migrantes, ha dicho que «tendrá que ser el Gobierno de España quien respete ese principio de igualdad».

ARGUMENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad, anunciado este martes por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la línea de otras comunidades gobernadas por el PP, ha señalado que los servicios jurídicos están trabajando en él y todavía no hay una fecha concreta para su interposición.

El Ejecutivo aragonés defiende que el traslado y la reubicación de menores afecta a los derechos y libertades de los extranjeros en España, por lo que requiere una regulación mediante ley orgánica y no a través de un decreto ley que modifica una ley orgánica como la de extranjería.

A ello ha sumado que el decreto ley aprobado este martes en Consejo de Ministros afecta a competencias autonómicas, como es el caso de la integración social de inmigrantes, e impone una serie de obligaciones para las Comunidades al trasladar a estos menores de unos territorios a otros «al margen de los mecanismos de cooperación o colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas».

No obstante, Susín ha recalcado que el argumento más importante es que «se está quebrando el principio de igualdad entre las Comunidades Autónomas a la vista de los criterios de reubicación», así como que los aragoneses se van a ver «perjudicados en favor de los intereses de Pedro Sánchez».

LOS MENORES, «REHENES DE UNA NEGOCIACIÓN INSOLIDARIA»

Asimismo, ha subrayado que «Aragón no puede aceptar que se estén acatando acuerdos firmados por un político perseguido por la justicia cuyo único interés es excluir a una comunidad autónoma que no gobierna de unos consensos acordados en igualdad con el resto de comunidades», en referencia al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

«Los menores más vulnerables se convierten así en rehenes de una negociación insolidaria, injusta y que les deshumaniza a cambio de siete votos», los de Junts, «que tan caros nos están saliendo a todos los españoles», ha añadido.

En palabras de la consejera, «se está perpetrando una España a dos velocidades» y «el Gobierno de Sánchez y su ministra portavoz, Pilar Alegría, lo hacen al tempo que marcan quienes quieren dejar de formar parte de ella». «Si el señor Sánchez se ha acostumbrado a que le dicten los decretos, las reformas y las amnistías, quienes ven xenofobia en todas partes, que no cuente con los aragoneses para seguir laminando el Estado y conculcando la Constitución», ha sentenciado, a la vez que ha calificado este pacto como «un ejemplo más de la sumisión del actual Gobierno de España respecto a sus socios independentistas».

«Esta es una medida infame que impone que menores vulnerables se repartan entre territorios, destinándolos a unas comunidades autónomas sí y a otras no», ha reiterado, asegurando que Aragón «se va a ver perjudicada por este cambio de las reglas del juego».

Además, ha preguntado «qué sucederá cuando Cataluña ejerza su nueva facultad de ejecutar procedimientos de expulsión» y si lo hará hacia localidades aragonesas limítrofes como Binéfar o Maella. «Todavía estamos esperando que la ministra nos responda», ha agregado.

FALTA DE TRANSPARENCIA

Susín ha criticado también que este decreto ley se incluyó en el Consejo de Ministros «a última hora», en lo que es «el modus operandi recurrente del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha convertido la alevosía y la falta de transparencia en su forma de gestión preferente».

Frente a ello, ha apostado por afrontar la crisis migratoria como «un asunto de Estado» y no «desde la urgencia de un gobierno abandonado al ordeno y mando , que se niega al diálogo con las Comunidades Autónomas y que sólo atiende a las demandas de quienes quieren romper la unidad de España».

Ha exigido también «transparencia», después de que en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado lunes, reclamaran saber los datos de acogida del conjunto de las autonomías.

La titular de Bienestar Social y Familia ha recordado asimismo que, desde el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, se anunció que todo lo relacionado con la acogida a menores migrantes no acompañados se abordaría en la correspondiente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que presuntamente iba a celebrarse a mediados de febrero, pero sigue sin ser convocada.