El Govern balear reclamará al Gobierno la «expulsión inmediata» de los «migrantes ilegales»

PALMA, 19

El Parlament solicita al Govern que este, a su vez, exija al Gobierno central la «expulsión inmediata» de los «migrantes ilegales», en base a las normas de extranjería aplicables.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) aprobada parcialmente este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, que ha sido defendida por el diputado de Vox Sergio Rodríguez.

En la propuesta, además se reclama a las administraciones competentes a que promuevan las modificaciones legales necesarias para «evitar el fraude en el empadronamiento que permite a los inmigrantes ilegales poder acceder a beneficios y ayudas sociales».

De igual modo, el Parlament insta al Govern a declarar que Baleares es una comunidad autónoma que no apoya a las asociaciones y ONG que «colaboran con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal».

Todos estos puntos han quedado aprobados con los votos a favor de PP, Vox y el Grupo Mixto, mientras que PSIB y MÉS per Mallorca han votado en contra. No obstante, los puntos originales de la PNL sobre la expulsión de «migrantes ilegales» y el «fraude en el empadronamiento» han sido enmendados por el PP.

Los apartados del texto que no han recibido luz verde son el que hacía referencia a que el Govern rechazara la apertura de cualquier tipo de centro de acogida de «migrantes ilegales» en Baleares y plantear el cierre de los que están en funcionamiento.

También el que pedía al Govern destinar tanto el importe de las ayudas públicas recibidas, como las partidas presupuestarias autonómicas que financian la acogida y la integración de «migrantes ilegales» a trasladar a estas personas a sus países de origen o, en caso de que lo deseen, a Bruselas, lugar en el que Vox asegura que están las «élites europeas que alientan y promueven su llegada».

Asimismo, se ha rechazado la petición al Govern para impulsar y promover la celebración de una consulta popular tanto a nivel regional, como municipal relativa al refuerzo de la seguridad ciudadana en la que se plantee «la expulsión de todos los migrantes ilegales que se encuentren en Baleares».

En estos casos, han quedado rechazados por los 12 votos en contra de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, con el único voto favorable de Vox.

UN PP «TRUMPISTA»

Durante su intervención en la comisión, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrio ha criticado que el PP haya «asumido» los postulados «trumpistas» contrarios a «los derechos humanos y de la infancia».

En ese sentido, ha recalcado que con esta PNL, el PP defiende una «expulsión masiva de migrantes en situación administrativa irregular», algo que ha señalado que es «ilegal» de acuerdo con la normativa internacional. «Las personas no son ilegales, sólo se encuentran en una situación administrativa irregular pero nunca son ilegales», ha reivindicado.

Así, ha incidido en que una medida de este estilo está «al margen» del Derecho Internacional e «ignora, de forma deliberada», el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 1948, que reconoce el derecho a migrar como un derecho humano.

De la misma forma, Carrió ha criticado que el PP haya votado a favor de acusar a las entidades y ONGs que trabajan en derechos humanos de tener «actividad criminal» y de «colaborar con las mafias de tráfico de personas».

Además, Carrió ha recordado que, justamente este pasado 18 de marzo se cumplieron 25 años desde que el expresidente del Gobierno José María Aznar, con Catalina Cirer como delegada del Gobierno, aprobó una regularización extraordinaria de 264.153 personas migrantes en situación administrativa irregular, 5.000 de ellas en Baleares.

APOYOS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS

En la misma comisión se ha debatido otra PNL de MÉS per Mallorca y defendida por la diputada Maria Ramon, con la que se ha instado al Govern a que «visibilice» y «favorezca» la lengua de signos en todos los ámbitos de la vida para favorecer el crecimiento y el desarrollo de las personas sordas.

Asimismo, se pide al Govern que muestre la lengua de signos como una lengua propia más de Baleares, que satisface las necesidades comunicativas entre personas sordas, a la vez que puede ser un vehículo de comunicación lingüística para todos.

El Parlament también reclama al Govern que preste los apoyos necesarios en lengua de signos en las escuelas para garantizar la inclusión de las personas sordas y sordociegas o que incorpore, de forma gradual, auxiliares de conversación para personas sordas en las escuelas.

De igual modo, se insta al Govern a que garantice la inclusión, a través de los apoyos necesarios, de las personas sordas en el IbSalut.

Por otro lado, se ha rechazado la solicitud de comparecencia de la responsable de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios Catalina Ferrer, para dar cuenta de la situación de los 528 expedientes recibidos de la extinta Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares (OAIB).

Esta petición la había hecho el PSIB y ha quedado rechazada por los ocho votos en contra de PP, Vox y el Grupo Mixto, mientras que PSIB y MÉS per Mallorca han votado a favor.