El Gobierno confía en que el proceso para instar la extinción de la Fundación Franco esté resuelto este año
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confía en que el proceso para que el Gobierno pueda instar la extinción de la Fundación Francisco Franco esté concluido «en el presente ejercicio» y ha recordado que, en todo caso, será un tribunal el que tenga la última palabra.
Lo ha dicho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta al diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal, quien le ha pedido cuentas por la tardanza con la que, a su juicio, se está conduciendo el Ejecutivo para adoptar una decisión que está prevista en la Ley de Memoria Democrática.
«Conmemorar los 50 años de la muerte de Franco no es coherente con permitir que una fundación que enaltece a un dictador siga operando con normalidad; es una vergüenza», ha enfatizado. «Los ultras avanzan y un nuevo autoritarismo se va haciendo hueco. Hagan su trabajo, por favor», ha rogado Álvaro Vidal.
LA COMPETENCIA ES DE CULTURA
El pasado mes de junio, el Gobierno abrió un periodo de actuaciones previas para obtener la información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento contra esta entidad. En estos casos corresponde al Protectorado de Fundaciones, que depende del Ministerio de Cultura, instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa, por eso las actuaciones las inició el departamento que dirige Ernest Urtasun.
El ministerio diseñó un procedimiento dividido en tres fases. La primera, activada en junio, consiste en la petición de informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.
Tras recabar esa información, en una segunda fase, se abrirá el procedimiento, comunicando el expediente a la fundación, con un plazo para que formule alegaciones. Por último, se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción, cuya resolución quedará en manos de los jueces.
El diputado de ERC ha preguntado al ministro en qué estado está el informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Torres ha explicado que ellos ya lo enviaron, pero que luego hubo que complementarlo para poder «armar el expediente» ante «circunstancias y vericuetos legales» que pudiera utilizar la fundación que, cambió sus estatutos el año pasado.
Así, ha añadido que la Abogacía del Estado «ha culminado un amplísimo informe en el que pide testimonios, cuestiones muy concretas» que se enviará a Cultura «de la manera más inmediata posible».
Según ha detallado, una vez que el informe esté en manos del departamento de Ernest Urtasun «se procederá a formular la extinción a las estancias judiciales». «Ayer mismo hablaba con el ministro Urtasun y la voluntad del Gobierno es que esto lo podamos concluir en el presente ejercicio», ha especificado Torres.
