Justicia europea anula la sanción por acoso contra una eurodiputada porque el procedimiento estuvo «viciado»
BRUSELAS, 12
El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado este miércoles la sanción impuesta por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, contra la ex eurodiputada luxemburguesa Monica Semedo por un caso de acoso a sus asesores, al constatar irregularidades en el derecho a la defensa de la política, y concluir que el proceso estuvo «viciado».
En su fallo, la Justicia europea pone en cuestión el procedimiento seguido por la Eurocámara, asegurando que la falta de protección a los derechos del acusado pone en jaque «la legalidad de las medidas adoptadas» contra ella y concluir que la decisión estuvo «viciada»
En concreto, el tribunal aduce que la ex eurodiputada socialista no tuvo acceso a la «sustancia» de los testimonios aportados durante la investigación y solo recibió una versión no confidencial que contenía un resumen de las declaraciones de testigos.
Igualmente, señala que Semedo no tuvo la oportunidad de conocer el contenido detallado de expediente en el que se basaban las acusaciones de acoso contra ella. Así aunque contaba con las conversaciones en los que se basó la sanción por acoso «al haberlos redactado ella misma, ni la Comisión de Garantías ni la presidenta del Parlamento le facilitaron la totalidad de los documentos escritos».
Por todo ello, el Tribunal General desautoriza a Metsola y anula las decisiones disciplinarias, apuntando que éstas estuvieron «viciadas» por «irregularidades» que afectan a los derecho de defensa de Semedo. Recuerda que la falta de divulgación de los documentos que obran en autos y en los que se han basado las autoridades para imponer sanciones afecta «inevitablemente a la legalidad de las medidas adoptadas al término de un procedimiento que pueden perjudicar al demandante».
La liberal luxemburguesa fue sancionada en dos ocasiones en la legislatura pasada por dos casos de acoso psicológico a sus asesores, en enero de 2021 y en abril de 2023. Le fue impuesta una suspensión de dietas diarias de 15 días y 10 días, respectivamente, lo que asciende a más de 8.000 euros de penalización.
