Marlaska «sigue pensando lo mismo» tras pacto con Junts: «No hay cesión en fronteras y flujo migratorio irregular»
«Limita que el catalán sea determinante para lograr la residencia y subraya que el Estado asume toda «sanción que conlleva expulsión»
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que «sigue pensando lo mismo» tras el acuerdo entre PSOE y Junts ya que, según ha dicho, «no hay cesión sobre el control de fronteras y los flujos migratorios irregulares».
«No hay ninguna cesión en el control de fronteras y tampoco hay ninguna cesión en el control de los flujos migratorios irregulares, subrayo, flujos migratorios irregulares», ha apuntado en respuesta a la prensa tras la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en el Museo Arqueológico Nacional.
El ministro ha comentado que lo que quiere decir es que «la Policía y la Guardia Civil seguirán haciendo las funciones que desarrollan en fronteras una vez que se apruebe la ley», ya que los Mossos d Esquadra asumirán funciones complementarias dentro de un acuerdo que supone un avance en el «autogobierno» de Cataluña.
«La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes», ha añadido Marlaska al ser preguntado si ha cambiado de opinión tras negar en septiembre que el control de fronteras y sobre flujos migratorios fueran susceptibles de ser transferidos o delegados.
LIMITA EL PAPEL DE MOSSOS
En este sentido, Marlaska ha limitado el papel que jugarán los Mossos en temas como las devoluciones, insistiendo que el Estado asume aquellos casos de situación irregular. «Una persona en situación de irregularidad, es decir, que ha entrado irregularmente en España, y la sanción que conlleva esa irregularidad es la expulsión, será la Administración General del Estado», ha dicho.
«Los Mossos actuarán en fronteras en el marco de las competencias que finalmente reseñe esa proposición», ha añadido, hablando de las devoluciones pero limitándolo a los casos de «aquellas personas que tienen la prohibición expresa de entrar en España».
«Otra cosa son las devoluciones que no exigen expediente y las devoluciones de aquellas personas que tienen la prohibición expresa de entrar en territorio nacional», ha continuado, poniendo un ejemplo: «Aquellos que la pena privativa de libertad se les ha sustituido por la expulsión y que, normalmente, lleva también una prohibición de entrada en territorio nacional por un tiempo».
EL DEBATE SOBRE EL CATALÁN COMO REQUISITO
Al ser preguntado sobre otros puntos polémicos como el control en los CIEs por parte de los Mossos o la necesidad de aprender catalán por parte de los extranjeros como un requisito, como esgrime Junts, el ministro se ha remitido a la «defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales» que menciona el texto de la futura ley, «y más de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad».
«Y respecto al uso del catalán, creo que la legislación actual determina claramente lo que son el uso de las lenguas oficiales, como en este caso el uso del conocimiento del catalán», ha indicado.
Según Marlaska, «es un elemento que determina circunstancias como el arraigo y susceptible de ser valorable; en modo alguno, y también va a ser determinante de que una persona tenga la residencia o que una persona sea expulsada, eso es algo obvio».
Dicho esto, Marlaska ha defendido la proposición de ley pactada entre socialistas y el partido de Carles Puigdemont porque con la delegación en materia migratoria y la incorporación de los Mossos en puertos y aeropuertos lo que se quiere es dar «un paso más en algo tan importante en un Estado autonómico como mejorar el servicio público a la ciudadanía y la coordinación y cooperación del conjunto de administraciones».
